Defensores de derechos humanos y periodistas que descubrieron haber sido espiados demandaron al gobierno federal transparentar los contratos que habrían posibilitado la intervención de sus comunicaciones.

Tras la confirmación de que fueron espiados gracias a una investigación de organizaciones civiles y CitizenLab, de la Universidad de Toronto –retomada por The New York Times en su primera plana de este lunes–, los activistas y comunicadores interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

CitizenLab halló que los denunciantes fueron espiados con un software de la empresa israelí NSO Group, el cual asegura que sólo vende su programa a gobiernos.

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En conferencia de prensa, Mario Patrón, abogado del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos (Centro Prodh), el cual ha respaldado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, demandó al gobierno federal investigar los hechos.

Además, exigió transparentar los contratos que habría y las empresas involucradas en éstos; a la par, solicitó la integración de una comisión independiente de expertos que indague el espionaje, al estilo de la que investigó el caso Ayotzinapa.

Al Poder Legislativo, Patrón le pidió ya no hacer más comisiones de investigación, sino dejar de aprobar marcos regresivos para los derechos humanos. En este sentido, advirtió que hay iniciativas para ley de seguridad interior que dan más facultades a las fuerzas de seguridad para utilizar la intervención de comunicaciones, como la del diputado priista César Camacho.

Al Poder Judicial, el activista le solicitó hacer saber si existen órdenes judiciales que habrían permitido el espionaje de forma legal.

Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), le demandó explicar cómo va a investigar este caso y qué va a hacer para resguardar los derechos de los involucrados, así como para lograr la transparencia de los contratos que debe haber.

Por último, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Patrón indicó que piden medidas de protección, pero no para que sean resguardados, sino para que investigue, le diga al Estado que deje de espiar y evite que la información personal obtenida pueda ser mal usada.

A su vez, la periodista Carmen Aristegui consideró que todo apunta a una operación de Estado, pues sólo instituciones como el Ejército, la PGR o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tienen lo necesario para adquirir ese tipo de tecnología e incluso hay reportes de que la poseen.

Por ello, exigió a Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Estado mexicano, a dar explicaciones, no como una cortesía, sino como su obligación.

Asimismo, lanzó el cuestionamiento de qué hizo el gobierno con la información que obtuvo, ya que en su caso, incluso su hijo adolescente fue espiado; “¿no le parece siniestro?”, preguntó Aristegui al presidente Peña.

En un contexto de censura a los periodistas, de demandas judiciales, de allanamientos a oficinas, “¿qué más pretendía hacer este gobierno contra los periodistas?”, agregó.

La periodista también condenó el asesinato de periodistas. “No sabemos si los periodistas asesinados antes fueron espiados”, sostuvo.

Por otro lado, recordó que el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue detenido en días pasados en Miami y se encuentra bajo una investigación judicial en su país por el espionaje de 150 personas.

 

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