Las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refuerzan el poder de las Fuerzas Armadas, como muestra su iniciativa que traslada al Ejército el control de la Guardia Nacional, una “policía militar que no ha funcionado”, denuncia analista y políticos.
AMLO presentó el lunes un paquete de 20 iniciativas, 18 de ellas de carácter constitucional, entre las que resalta trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad que creó en 2019 con la promesa de mantenerlo bajo control civil.
López Obrador ya avisó, el 19 de abril de 2023, que en el último tramo de su gestión, que termina en octubre de 2024, insistiría en la militarización de la Guardia Nacional, después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma legal que promulgó en septiembre de 2022 sobre el tema.
“Esa dependencia directa de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena se entiende porque en la práctica finalmente son los militares quienes han decidido y capacitado a los mismos agentes de este cuerpo de seguridad”, advirtió Eunice Rendón, analista en temas de seguridad.
La experta explicó que para conformar la Guardia Nacional, ahora con 130,000 integrantes, “se tomaron a muchos militares o metían por medio de Sedena a los nuevos reclutados, pero los que ya eran militares no querían irse por no perder sus derechos”.
En su fallo, la Corte invalidó la ley porque durante la creación de la Guardia se estableció en la Constitución que debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Pero, a pesar de la orden, López Obrador avisó que la Guardia Nacional continuaría recibiendo la formación y el respaldo de la Sedena, además de prometer a los agentes “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos” similares a los “integrantes de las Fuerzas Armadas”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió este martes la propuesta para la “adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional” al Ejército y “su reconocimiento como parte de la Fuerza Armada permanente”.
“Esto para efectos de proteger a esta institución, y que no suceda lo que ya vimos que sucedió con la Policía Federal”, el anterior cuerpo de seguridad que López Obrador eliminó en 2019, expuso Alcalde en la conferencia matutina del presidente.
Aunque el Gobierno lo promueve como algo nuevo, Rendón recordó que la Sedena, desde el inicio de la GN, ha estado al mando.
‘En la práctica la Guardia Nacional ha sido una policía militar’
“No importa dónde esté la Guardia Nacional, ya que siempre la que se encarga o a quien responden (ante una emergencia) es el jefe de la Zona Militar, entonces, en la práctica ha sido una policía militar y en ese sentido ellos quieren que en la operación así lo sea y tiene un sentido estratégico”, consideró.
La experta matizó que los militares “funcionan muy bien en sus tareas y es una autoridad que goza de mucha confianza entre la población”.
Pero advirtió que en los lugares “donde más se ha reducido el delito lo han logrado por tienen mando civil y no militar”, al señalar que los tres estados que durante 2023 confiaron más en sus policías estatales fueron Yucatán, Coahuila y Nuevo León.
Para Rendón, la apuesta por la Guardia Nacional no se logró y ahora lo quieran aprobar para darle al presidente la seguridad de contar con una Guardia Nacional de forma más institucional, “no parece algo que sirva”.
La militarización de la seguridad pública ha sido una de las reformas que más rechazo causaron en la oposición.
“Lo que vamos a rechazar es la destrucción de la democracia, la militarización de la seguridad pública, y más cosas que son propaganda”, adelantó Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, en una entrevista con Radio Fórmula este martes.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó al Gobierno de “continuar con una política fracasada en materia de seguridad” en el país, donde se asesina a 81 personas al día y el sexenio de López Obrador se perfila para cerrar como el más violento, con cerca de 190,000 víctimas de homicidio.
“Por eso, sí estoy de acuerdo en mejores salarios para maestros y policías. Que no se les abandone”, comentó Álvarez Máynez en un pronunciamiento.
Con información de EFE
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