“(Se tomó) la decisión que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el Gobierno de la república”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en un acto público.   Reuters   El Gobierno de México anunció el jueves la eliminación de la polémica figura de comisionado para la seguridad del estado de Michoacán, con el que el presidente Enrique Peña Nieto intentó bajar la inestabilidad de la región, centro de enfrentamientos entre narcotraficantes y grupos de autodefensa civil. El comisionado Alfredo Castillo fue nombrado en enero del 2014 al tiempo que el Gobierno envió al estado miles de policías federales y militares en una acción que sin embargo no logró bajar los altos índices de homicidios. “(Se tomó) la decisión que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el Gobierno de la república”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en un acto público. La Policía Federal se hará cargo de la seguridad en la región, que antes de la intervención federal estaba bajo control de un grupo del crimen organizado autodenominado “Los Caballeros Templarios”, dedicados al narcotráfico, la extorsión y el secuestro, delitos con los que se habían apoderado de la actividad económica de un estado con una rica agricultura. Osorio no aclaró en qué dependencia se integrará Castillo. Durante su gestión, algunos representantes de los Templarios fueron detenidos pero sigue libre su líder Servando “La Tuta” Gómez, de quien Castillo anticipó una inminente captura y dijo que sería “la cereza del pastel”. En diciembre, los enfrentamientos resurgieron entre los grupos civiles de autodefensa y supuestos narcotraficantes, lo que levantó una ola de críticas contra Castillo. De acuerdo a cifras oficiales, los homicidios en el estado de Michoacán no disminuyeron, pero sí otros delitos como el secuestro. En 2013, 902 personas murieron en diversos hechos violentos, mientras que en 2014 fueron 904. Más de 100,000 personas han muerto en México desde finales del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los cárteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia y la saña para matar a sus víctimas.

 

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