El presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la iniciativa promovida por Napoleón Gómez Urrutia que busca entre otros puntos modificar el outsourcing o subcontratación, al señalar que no tiene postura al respecto y que el Ejecutivo federal no marcará una línea en torno a este tema; aunque recomendó al Senado realizar consultas para escuchar a todos los involucrados antes de tomar una decisión.

“El Ejecutivo no tiene postura, lo que proponemos es esta consulta, como debe ser, el senado resuelva. Es un poder autónomo e independiente. No hay línea. No puedo decir al senador (Gómez) Urrutia o (Ricardo) Monreal lo que tienen que hacer, por principios no lo haría”, señaló el mandatario durante su mañanera de este miércoles.

De forma extraordinaria y sin la presencia de integrantes de los grupos parlamentarios de oposición las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos se reunieron para aprobar el proyecto de dictamen para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que presentó el senador Gómez Urrutia, pero unas horas más tarde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitó posponer su discusión en el pleno del Senado para que sea analizada a través de un parlamento abierto.

Asimismo, reiteró que corresponde a la cámara alta resolver sobre este tema, tratando de “escuchar a todos los involucrados, los que están a favor y en contra” y procurar abrir un proceso de consulta tanto del sector empresarial como del obrero: “Eso lo puede hacer el Senado”.

“Después, que sean los senadores de manera libre, los que decidan y confiar en los senadores”, precisó.

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La iniciativa que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, también de Morena, busca “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes grupos de delincuencia organizada en el país de aquellos servicios ilícitos que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”, de acuerdo con la iniciativa.

Asimismo, establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

Sugiere, además, implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su rechazo sobre dicha iniciativa, al considerar que tendría efectos negativos para los trabajadores, la productividad y el clima de confianza para las inversiones en el país; e incluso pondría en riesgo millones de empleos.

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