No existen datos certeros que indiquen cuantos trabajadores mexicanos están empleados bajo esquemas de subcontratación legal e ilegal, pero integrantes del Senado de la República intentan aprobar una iniciativa de reforma que limite el outsorcing. 

De forma extraordinaria y sin la presencia de integrantes de los grupos parlamentarios de oposición las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos se reunieron para aprobar el proyecto de dictamen para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, pero unas horas más tarde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitó posponer su discusión en el pleno del Senado para que sea analizada a través de un parlamento abierto. 

La decisión fue celebrada por lideres de la comunidad empresarial que han insistido en que la aprobación de esta iniciativa tendría efectos negativos para los trabajadores, la productividad y el clima de confianza para las inversiones en el país. 

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“Esta iniciativa pone en peligro varios elementos, por ejemplo, suprimir prácticas de negocios comunes en todos los países que utilizan a empresas administradoras integrales de capital humano para que puedan hacerse cargo del personal, del manejo de la nómina, esta iniciativa no solo las prohíbe, sino que las criminaliza”, advierte Javier Treviño, integrante del consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Aunque se tienen cálculos del impacto en materia laboral que la limitación de la subcontratación podría generar, Treviño recordó que no hay estudios y datos precisos que evidencien cuantos trabajadores están bajo este esquema ya sea bajo practicas legales o ilegales. 

La propuesta

La iniciativa propone “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes grupos de delincuencia organizada en el país, de aquellos servicios ilícitos que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”. 

La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

Además prohíbe la substitución patronal o cualquier acto con el fin de que el outsorcing asuma como trabajadores propios a los de una empresa que contrate sus servicios, que una empresa tenga a todos sus trabajadores bajo el esquema de subcontratación y que los trabajadores subcontratados realicen tareas esenciales a la actividad o vocación preponderante del centro de trabajo. 

Sugiere implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Se propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.

El texto del dictamen señala que la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante, no lleva a cabo en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.

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En la exposición de motivos de esta iniciativa se afirma que su objetivo es incorporar medidas tendientes a que sólo puedan operar empresas de subcontratación de personal que estrictamente se ajusten a los parámetros de la ley y erradicar a quienes operan de manera ilegal.

Efectos en las Pymes

La propuesta del también líder sindical minero podría afectarlas actividades de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y a los trabajadores formales, advierte Elias Micha, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas Lideres de Talento Humano, Tallentia MX.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 16.6% del total de trabajadores contratados en el país, están bajo este esquema.

“La subcontratación ha crecido mucho en todo el mundo, es una industria de miles de millones de dólares y cada vez se convierte en una industria más moderna puesto que hay clara correlación entre empresas que contratan servicios de subcontratación y la productividad e innovación, las empresas no tienen muchas veces la capacidad y tiempo de dedicarse a cosas que son adjetivas a su negocio”, comenta Micha.

En el caso de México, Tallentia MX calcula que aproximadamente 97% de las empresas que hacen uso de estos servicios son pequeñas y medianas.

Si bien, este sector no está exento de las modelos ilegales de la subcontratación entre los que se encuentran esquemas de simulación para que los empleados estén integrados en la nomina de una entidad diferente; la ley ya contempla medidas para sancionar estas acciones, afirma Armando Leñero presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

“Se ha dado por laxitud en revisión y sanción de normas, no se requiere una nueva legislación porque ya está legislado, las autoridades no han sido demasiado enérgicas”, apuntó.

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