Ante un probable carpetazo de la denuncia por las muertes de alumnos en el Tecnológico de Monterrey tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la defensa escalará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Así se va a determinar el caso porque no hay a quién imputar el lamentable homicidio de los familiares de Juan Carlos Álvarez y Otilia Gónzalez”, contó el abogado del despacho que representa a dos familias de dos alumnos fallecidos, Irving Regino, en entrevista con Forbes México.

En tres meses, si la Procuraduría descarta las peticiones del despacho, los abogados llevarán el caso a la institución judicial, que goza de autonomía a la política nacional, pero advierte que estos procesos pueden tomar varios años.

“No habría una cuestión de intereses que pudiera viciar  a la Corte (…) Su sentencia sería definitiva y en contra de ella no procede nada, sería una cuestión juzgada”, agregó.

La probable decisión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pende de su línea de investigación sobre el Director Responsable de Obra (DRO) del Tec Campus Ciudad de México, Francisco Wiechers, quien supuestamente falleció en febrero de 2012.

“El Ministerio Público argumentó que, prácticamente, ésa es su línea de investigación, y como falleció la persona, únicamente iba a hacer los trámites correspondientes para determinar el no ejercicio de la acción penal porque no hay responsable”, dijo el litigante de la firma Regino y Asociados.

La defensa ha solicitado al Ministerio Público una línea de investigación sobre las autoridades del Tec de Monterrey, particularmente hacia Rashid Abella, vicepresidente regional del Tec Ciudad de México y personal de seguridad ante una posible decisión o indicación tomada durante la tragedia que hubiese resultado en una negligencia.

“Lo tenemos en la denuncia porque no sabemos, hasta el día de hoy, qué acciones tomó el Tec de Monterrey posteriormente al sismo del 19 de septiembre”.

Forbes México consultó a la escuela pero declinó un comentario institucional, pues “corresponde a las autoridades, y no a terceros, atender los cuestionamientos de los abogados a los actos de la investigación”.

En febrero de este año, Abella respondió que no hubo prisa en el rescate, sino que se hizo una labor coordinada por las autoridades —desde Marina, Ejército hasta bomberos y personal de seguridad del Tecnológico de Monterrey— con equipos especializados.

“Narrar minuto a minuto, hora por hora qué decisión tomaron, qué pidieron, en qué momento se retiró qué cosa, es algo que no tengo ni siquiera el control de seguimiento como para poderlo externar. Las personas expertas en este tema actuaron y, de acuerdo con su experiencia, sacaron adelante la crisis de rescate, como dictan las normas”, agregó tras insistir en los detalles.

“Ni como testigo lo citaron. Como se dice coloquialmente, ‘ni para taparle el ojo al macho'”, comentó el abogado.

De acuerdo con una carpeta de investigación en poder de Forbes México, la Procuraduría tampoco ha citado al DRO Alejandro Gónzalez del Pliego Olivares, quien certificó al campus en agosto de 2017 y tras los sismos de septiembre en ese mismo año; Andrea Gónzalez Hernández, subdirectora de Verificación y Reglamento de la delegación Tlalpan; César Hernández, director de Protección Civil; Fernando Hernández Palacios, director general Jurídico  y de Gobierno de Tlalpan.

Las autoridades tampoco han citado a una de dos empresas que participaron en la construcción de los puentes derrumbados: Acefor. Regino mencionó que la firma ha cambiado de razón social, y que el dueño estaba viviendo en Cancún. El MP argumentó al abogado que lo citaría para que compareciera. Una tercera empresa, Ambher realizó trabajos de estructura de aula en 1996 y tampoco ha sido citada.

La PGJCDMX comentó que se trata de “un asunto con víctimas en el que la Procuraduría debe guardar el sigilo por cuestiones del debido proceso. Las investigaciones continúan e incluso en algunos casos ya se alcanzaron acuerdos reparatorios”.

Una fuente que prefirió el anonimato mencionó que el acuerdo entre el Tec y las familias fue por 8 millones de pesos (mdp) por cada alumno fallecido.

 

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