El considerado el juicio más importante de la historia de España, el del proceso independentista de Cataluña, empezó esta mañana en la sala de plenos del Tribunal Supremo.

La causa contra los políticos catalanes que participaron en la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre (referéndum 1O, como se conoce) y en la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) comenzó con la exposición de la defensa de las llamadas cuestiones previas.

Se trata de los argumentos que los abogados pueden alegar ante los siete magistrados de ese tribunal para evitar que el juicio se celebre.

Los diferentes defensores de los imputados hablaron de violación de derechos humanos de sus clientes, de la naturaleza política –y no judicial– que tiene la causa independentista de Cataluña y de la imparcialidad de jueces al cargo de esta causa.

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El primero en intervenir fue Andreu van den Eynde, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y un exconseller (secretario), Raül Romeva, de la Generalitat de Catalunya (gobierno catalán).

El abogado afirmó que la Justicia española está ejerciendo un derecho penal de enemigo, argumento compartido por otros integrantes de la defensa. Significa que consideran que el Tribunal Supremo no juzga a los 10 políticos y dos activistas catalanes por haber cometido un delito, sino por la peligrosidad de los hechos que llevaron a la DUI.

“No hay ninguna ley que impida la secesión de una subentidad estatal”, dijo Van den Eynde. “El principio democrático tiene que ver con la necesidad de que el tribunal haga lo que le pedimos: que devuelva la responsabilidad de la solución a este conflicto a los responsables políticos”, añadió.

La dimensión política de el procés (proceso, en catalán) independentista se hizo notar con el discurso del abogado de uno de los activistas encausados. Se trata de Benet Salellas, un exdiputado del Parlamento de Cataluña por el partido de extrema izquierda de esa región, y al cargo de defender a Jordi Cuixart, líder de una de las organizaciones de la sociedad civil que lideraron las movilizaciones ciudadanas antes y después del 1O.

“No existe un derecho fundamental a la unidad de la patria”, dijo, en relación con el argumento que la acusación utiliza para ir en contra de los políticos independentistas. Salellas dijo que, con este pretexto, el poder judicial está violando el derecho fundamental de reunión y asociación de su defendido.

Por primera vez en más de un año, el público pudo ver a los nueve políticos catalanes encausados que están en prisión preventiva. Junto con ellos comparecieron los otros tres exsecretarios del Ejecutivo catalán acusados y en libertad provisional bajo fianza.

El juicio de el procés ha levantado un interés mediático insólito en España. Se han acreditado a más de 600 periodistas de 170 medios nacionales e internacionales y por primera vez en la historia, el Estado español ha permitido que el juicio sea televisado y pueda seguirse en streaming, a través de la web del Consejo General del Poder Judicial.

Entre el centenar de asistentes estuvo el actual presidente del gobierno catalán, Quim Torra, junto con miembros de su gabinete.

También, tres miembros de la organización internacional International Real Watch, que esperaron en la fila de entrada al Tribunal junto con otros interesados en ocupar uno de los 55 sitios disponibles para el público general. Su intención era presenciar el pleito luego de que los magistrados denegaran la presencia de observadores internacionales.

¿Qué se juzga?

Los políticos encausados están acusados de haber cometido el delito de rebelión (golpe de Estado, en el Código Penal español), sedición, desobediencia y malversación. Los hechos que se juzgan son su papel en la organización y celebración de un referéndum de autodeterminación (referéndum 1O) que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal, y por la posterior declaración unilateral de independencia (DUI), que ese órgano judicial suspendió.

La acusación pide hasta 25 años de cárcel para los procesados. Tres partes son las encargadas de acusar en esta causa: además de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado, también está el partido de extrema derecha Vox, como acusación popular.

“En Vox seguiremos exigiendo un juicio justo, sin impunidad ni indultos, y la articulación del golpe de Estado (catalán), que sigue vivo aún”, afirmaba esta mañana el presidente de la formación, Santiago Abascal, en la entrada al tribunal.

Vox no tiene representación en el Congreso estatal, pero sí en el parlamento de la región sureña de Andalucía. Algunos ven su presencia en el juicio como una gran campaña electoral, de cara a las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo.

Las reacciones

En la misma línea se pronunció el líder del partido de la oposición en el Parlamento de Cataluña, Albert Rivera:

También lo hizo el líder del Partido Popular, Pablo Casado:

Y el expresidente del gobierno de Cataluña exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont:

“De pie, firmes, serenos y dignos. Juzgarlos no es un acto de justicia, y lo saben. Lo que comienza hoy no acabará con el 1 de octubre y, en cambio, terminará por desenmascarar el montaje que nos pretende silenciar y atemorizar. #FreeCatalanPoliticalPrisoners # llibertatpresospolítics”, publicó.

A lo largo del día ha habido varias movilizaciones en Cataluña para defender la inocencia de los políticos catalanes. Los llamados Comités de Defensa de la República, organizaciones de ciudadanos independentistas, han cortado el tráfico; ha habido parones en centros de trabajos e instituciones y manifestaciones en diferentes ciudades.

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