La preocupación de los empresarios en torno a las reformas propuestas en el Senado de la República para catalogar como delincuencia organizada a las empresas fantasma y el uso de facturas falsas persiste. 

Diversos representantes de organismos empresariales han considerado que estas medidas, que ahora se analizan en la Cámara de Diputados, son excesivas y podrían implicar riesgos para pequeños contribuyentes o empresas que por error o desconocimiento hagan uso de facturas apócrifas. 

Pero ¿En qué consiste estas medidas legales que se impulsan en el Congreso de la Unión?

La iniciativa integra reformas a Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso e facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada. 

Serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

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En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

Se impondrán sanciones de tres a cinco años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además se impondrían sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

Las modificaciones 

Antes de aprobarse en el Senado, se integraron modificaciones a dictamen con el objetivo de evitar  que las medidas afecten a empresarios o contribuyentes honestos.

En ese sentido, se estableció que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño a erario sea superior a 7,804,230 pesos; en tanto que la prisión preventiva oficiosa aplicará para quienes expidan comprobantes fiscales por operaciones que rebase la misma cantidad. 

Otra modificación integrada de último momento es que las modificaciones que estas medidas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020 y únicamente su aplicación será retroactiva en los delitos que ya set están investigando. 

Minimizar riesgos 

En caso de que se apruebe está medida tal y como se estableció en el Senado de la República, la vigilancia de las autoridades fiscales será más estricta y las empresas tendrán que establecer una serie de medidas para evitar ser objeto de alguna acusación, advierte Guillermo Mendieta, presidente de la comisión de auditoria fiscal del Colegio de Contadores Públicos en México. 

“La cuestión aquí es que eso va a implicar a tener mayores controles, más carga administrativa, más cuidado y eso se va a ver mermado el empresariado y va a tener que abrir un área nueva de controles que se dedique exclusivamente a revisar facturas, ver que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales”, afirma el contador. 

Estás medidas, señala el especialista, implicarán cargos administrativos y económicos para los empresarios; sin embargo, serán efectivos para dar cumplimiento cabal con estas nuevas medidas. 

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