Así es la reforma contra empresas fantasma y la facturación falsa
Representantes de organismos empresariales han considerado que estas medidas son excesivas y podrían implicar riesgos para pequeños contribuyentes o empresas.
La preocupación de los empresarios en torno a las reformas propuestas en el Senado de la República para catalogar como delincuencia organizada a las empresas fantasma y el uso de facturas falsas persiste.
Diversos representantes de organismos empresariales han considerado que estas medidas, que ahora se analizan en la Cámara de Diputados, son excesivas y podrían implicar riesgos para pequeños contribuyentes o empresas que por error o desconocimiento hagan uso de facturas apócrifas.
Pero ¿En qué consiste estas medidas legales que se impulsan en el Congreso de la Unión?
La iniciativa integra reformas a Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso e facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.
Serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
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En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.
Se impondrán sanciones de tres a cinco años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además se impondrían sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.