Establecer como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas y empresas que deducen operaciones simuladas podría generar un ambiente de incertidumbre entre contribuyentes y hasta “terrorismo fiscal” por parte del gobierno. 

En el Senado se analiza una serie de reformas para propone incluir la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, esto con el objetivo de combatir la evasión fiscal.

La medida está enfocada, sobre todo, en erradicar las empresas fantasma y las enfocadas en generar facturas falsas. 

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El marco legal actual así como la tecnología permiten detectar y castigar este tipo de practicas, sin embargo, éstos no han sido aplicados de forma estricta lo que ha provocado que dichas empresas operen en la total impunidad, apunta Roberto Colín, integrante del colegio de Contadores Públicos de México. 

“Dicen que la operación de este tipo de empresas se convirtió en un deporte nacional, pero el Fisco tampoco ha tenido mano dura en cuanto a que las imposiciones legales sean directas hacia estas redes de delincuencia organizada”, señala. 

Durante los últimos cinco años se detectaron a 8,204 empresas que venden facturas para ser deducidas por otras empresas que sí tienen operaciones reales, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Las empresas “factureras” emitieron de 2014 a 2018 casi 8.9 millones, lo que representa la evasión de 354,000 millones de pesos; es decir 1.4% del producto interno bruto. 

El pasado miércole,s los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto que está integrado por tres iniciativas, una de Alejandro Armenta, senador por Morena; otra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; y una más de Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN. 

El documento propone adicionar en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que determina los delitos que “son amenazas para la Seguridad Nacional, los delitos fiscales y el daño o perjuicio al fisco Federal, al considerar que afectan las finanzas públicas del país y ponen en peligro su estabilidad y permanencia. 

Asimismo plantea imponer penas de cinco a ocho años de prisión, a las personas que expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes y tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva. 

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Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas podrían ser excesivas y sería necesario generar medidas que eviten perseguir a contribuyentes que no actúen de mala fe o perseguir a empresas “que no sean bien vistas” por las autoridades. 

“Actualmente la autoridad cuenta con los mecanismos para detectar de forma eficiente con una factura electrónica este tipo de practicas, finalmente lo que deberíamos de estar viendo desde hace mucho tiempo es una aplicación estricta de la ley”. 

 

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