El pasado 12 de junio un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó la suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, hasta que las autoridades federales tengan todos los estudios de seguridad aérea, además de conservar las obras realizadas respecto al NAIM, en Texcoco. Esta decisión se suma a tres resoluciones judiciales anteriores, que han concedido la suspensión provisional hasta que se verifique que se cuentan con los dictámenes y permisos ambientales y del INAH.

Además de calificar estas acciones legales como una estrategia de sus adversarios, el presidente de la República habló de la posibilidad de revelar quiénes son los responsables de detener el proyecto, aludiendo a un argumento de interés público.

A la par de estas resoluciones, hay al menos otros tres ejemplos de esta tendencia de acudir a tribunales ante las determinaciones del gobierno federal. En lo que va de este sexenio, la Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, en respuesta a acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales, senadores, el INAI y Movimiento Ciudadano. Por otro lado, legisladores del PAN lograron que el Poder Judicial otorgara suspensiones respecto a miles de amparos promovidos contra el recorte presupuestal de las estancias infantiles y el cambio de reglas de operación. Por su parte, la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y ordenó al Congreso especificar parámetros objetivos para establecer la percepción del presidente de la República y de los demás servidores públicos federales.

Ante el derecho de los ciudadanos de promover juicios de amparo o de la facultad de algunos para promover acciones y controversias constitucionales, es inevitable observar una estrategia por parte de diversos actores y grupos organizados para contener las decisiones presidenciales. En todo esto, no puede acusarse de ilegal el que se están usando las herramientas de las que la misma Constitución dota a los ciudadanos, a fin de defender sus intereses ante la autoridad. Sin embargo, más allá de elucubrar sobre los intereses detrás de estos litigios estratégicos, lo que resulta más importante es la discusión sobre los efectos de esta judicialización de la política y sus consecuencias para el desarrollo de un país inmerso en diversos frentes, internos e internacionales.

Desde 1994, con las reformas al Poder Judicial tendientes a fortalecer su autonomía e independencia, no habíamos visto como ahora, este activismo de llevar las acciones del presidente a los tribunales. Como contexto tenemos un escenario contrastante, por un lado, un presidente que llega con una abrumadora legitimidad democrática, por el otro, un Poder Judicial que parece ser el único capaz de contener las decisiones presidenciales que algunos grupos consideran ilegales o inconstitucionales. Ante la escalada de amparos y recursos jurídicos, es prematuro evaluar o prever los efectos de transformar los asuntos políticos en asuntos legales, sin embargo, en lo inmediato se puede apreciar que algunos proyectos del gobierno federal podrían llevar más tiempo de lo esperado. Por ejemplo, algunos calculan que el arranque de la construcción de Santa Lucía podría tardar años, eso sin considerar las batallas judiciales que se sumen por la construcción del Tren Maya o de la Refinería de Dos Bocas. Lo que hoy está a prueba es la legitimidad democrática del Poder Judicial o, mejor dicho, de los poderes judiciales considerando a los estados, y su eficacia para ser un contrapeso eficiente a los abusos del poder, sin convertirse en legislador, administrador, ni un instrumento de los poderes fácticos. En juego está si este choque entre poderes generará no solamente equilibrios y contrapesos, sino igualmente importante, si la sociedad tendrá jueces más independientes y fortalecidos para combatir la injusticia y la impunidad.

 

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