Muchas de las mujeres encarceladas por abortar en el país son adolescentes que han sido víctimas del crimen organizado, por lo que eliminar las penas para las mujeres que aborten podría formar parte de la estrategia de pacificación del nuevo gobierno.

Entrevistada tras su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018, Olga Sánchez Cordero señaló que hay una injusticia social fuerte al hablar del castigo al aborto.

“Se debe luchar porque las mujeres no vayan a la cárcel por haberse practicado un aborto, hay una gran injusticia social por pobreza en esos temas, pues las (mujeres) que pueden venirse a la Ciudad de México no están privadas de su libertad.  Esta es una de las rutas que podría también establecerse y si no, incluirlas dentro de la estrategia de pacificación, porque muchas de ellas han sido violadas por el mismo crimen y los capos, muchas de ellas son  adolescentes”, afirmó.

Para Sánchez Cordero existen diversos pendientes para la próxima administración en materia de seguridad, principalmente porque las autoridades se han visto rebasadas ante los delitos de asesinato y desaparición y en muchas ocasiones son las mismas autoridades las que participan en las desapariciones.

“Hay una cifra de 25 asesinatos por cada 100,000 personas que yo no quisiera señalar porque la cifra negra fácilmente alcanza el doble, estos delitos no se denuncian porque no hay implementación adecuada de las fiscalías, en algunos casos corre peligro la vida del denunciante”, alertó.

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La estrategia de pacificación pasa por la despenalización de la mariguana e incluso la participación de México en una conferencia internacional que explore la posibilidad de despenalizar la amapola para fines exclusivamente medicinales, pues Olga Sánchez Cordero considera que este es un paso para combatir al crimen organizado, que cada año lava 250,000 millones de dólares.

“México sólo puede confiscar cada año entre 3 y 8% de la droga que pasa por el país. Cuando descabezaron al narco en Colombia se empoderaron a los capos mexicanos, se requiere un diagnóstico claro para la pacificación, una nueva estrategia de seguridad para La Paz, una estrategia que aborde los problemas de manera distinta”.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala que en México el aborto se castiga con cárcel en 29 estados, en cuatro con trabajo a la comunidad, en 13 con multa económica, y en seis con tratamiento médico. La condena más alta corresponde a Sonora, donde una mujer condenada por interrumpir su embarazo puede pasar seis años de cárcel.

 

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