Las economías de América Central y República Dominicana han mantenido una tasa de crecimiento del PIB por encima del promedio de la región, y las expectativas apuntan a que esta tendencia debería mantenerse. Mientras que en 2016 y 2017 estas economías han crecido anualmente a un ritmo cercano a 4.5% y 4.0%, respectivamente, las expectativas apuntan a una desaceleración del crecimiento para 2018-19 en torno a 3%-3.5% en ambos años, de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL. A pesar de esta tendencia a la baja, América Central y República Dominicana siguen observando un crecimiento superior al total de América Latina, donde se espera continúe creciendo por debajo de 2%, e inclusive menor al de las economías de la OCDE (2.6% y 2.5% de crecimiento anual del PIB para 2018 y 2019, respectivamente). Los riesgos de un menor crecimiento económico en América Central y República Dominicana están dados por una menor demanda interna y un mayor precio de las importaciones, en particular debido al precio del petróleo. El promedio de crecimiento económico de América Central y República Dominicana esconde, sin embargo, importantes disparidades. Panamá y República Dominicana se mantienen como los países que más están creciendo en América Latina (4.8% y 5.3% esperado para 2018 respectivamente, de acuerdo con la CEPAL), mientras que Nicaragua, al igual que Argentina y Venezuela en la región, estarán teniendo una recesión en 2018. Si bien América Central y República Dominicana mantuvieron un superávit de cuenta corriente cercano a 1.5% del PIB en 2017, los riesgos de un mayor precio de combustibles, así como un menor dinamismo de las zonas francas podrán afectar el balance comercial. La gran mayoría de las economías de América Central y República Dominicana son economías pequeñas y abiertas expuestas a los ciclos comerciales y financieros internacionales. Los riesgos de mayor proteccionismo en la economía mundial afectan directamente estas economías, y el aumento del precio del petróleo podrá afectar la balanza comercial al ser países importadores netos de combustibles. La política monetaria estuvo controlada, en la mayoría de los países, con una inflación anual promedio cercana a 3.5% en 2017. En el grueso de naciones que aplican una política de inflación objetivo, tales como Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la inflación se mantiene por debajo del rango máximo del Banco Central e inferiores a 5%. El panorama fiscal y los desafíos de desarrollo de América Central y República Dominicana demandan reformas estructurales del sistema fiscal. El déficit fiscal se mantiene en torno a 2.5% del PIB y la deuda pública por encima a 40% del PIB. Salvo Panamá, el resto de los países tienen una calificación crediticia por debajo del grado de inversión, y los incrementos de deuda pública en algunos países no han sido acompañados de mayores ingresos tributarios. De acuerdo con nuestro informe Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe, los ingresos tributarios de todos los países de América Central y República Dominicana se mantienen por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22.7% del PIB) y de la OCDE (en torno a 34% del PIB). En particular, Guatemala y República Dominicana tienen una tributación por debajo de 14% del PIB, representando los niveles más bajos de América Latina y el Caribe. Mejorar la estructura tributaria es tan o más importante que la búsqueda de mayores recursos de financiación. América Central y República Dominicana requieren garantizar un Estado más capaz, creíble y abierto para responder a las demandas de la ciudadanía. De acuerdo con nuestro informe anual Perspectivas Económicas de América Latina 2018 (Latin American Economic Outlook, o LEO, por sus siglas en inglés), el crecimiento de la clase media en la última década ha sido importante y ha venido acompañándose por la necesidad de mejorar el nexo Estado-ciudadanía-mercado, gracias a una mejor oferta de servicios públicos y a instituciones fuertes. Garantizar una mejor percepción de la ciudadanía pasa por mejorar la efectividad del gasto. Costa Rica: En la Torre de Babel Cambio Climático El país tendrá que prepararse para una sequía que se pronostica y para la recurrencia anual de tormentas y huracanes en un momento difícil para las finanzas públicas, que según el proyecto de presupuesto 2019, tendrá que designar 7.3 millones de dólares (mdd) para atender la probable sequía en la zona norte, además de 82.2 mdd para la recuperación de los daños causados por el huracán Otto, la tormenta tropical Nate y otros desastres naturales de los dos últimos años. Los eventos climáticos de este tipo seguirán presionando las finanzas del Estado, mientras que se siga postergando la acción planificada contra el cambio climático. Política A dos años de celebrar el bicentenario de la Independencia, la administración Alvarado (2018-2022) enfrentará en 2019 un complejo set de desafíos políticos. Uno de ellos será la sobrevivencia del gobierno multipartidista en el que participan, a título personal, líderes de distintas agrupaciones políticas. Además, el gobierno se verá en la obligación de construir coaliciones parlamentarias para aprobar su agenda, debido a que cuenta con la fracción legislativa más pequeña de la historia reciente. Los dos principales riesgos para el gobierno serán, por un lado, las fuertes reacciones y presiones de actores sociales (sindicatos, empresarios y partidos opositores) en su esfuerzo por articular apoyos a una reforma fiscal que equilibre recortes de gasto público con la modernización del sistema tributario, así como los costos sociales y políticos de la crisis fiscal que afronta. Economía El principal tema que deberá enfrentar Costa Rica en materia económica en 2019 será, sin lugar a duda, que los diferentes actores involucrados (el gobierno, bancadas legislativas y, sobre todo, grupos de presión) den muestras concretas de voluntad y capacidad política para iniciar un proceso de ajuste (concreto, oportuno, suficiente y creíble) que vuelva sostenibles las finanzas gubernamentales en los próximos años. No dar las señales apropiadas de ajuste en la actual coyuntura conduciría a un deterioro considerable en las condiciones de acceso a financiamiento por parte del gobierno y, por lo tanto, a elevados riesgos en términos de una mayor ralentización de las actividades económicas privadas y, potencialmente, de mayor inestabilidad financiera y cambiaria. El Salvador: ¿Quién ocupará La silla? Política El principal reto político en el país es la realización de las sextas elecciones generales desde la transición a la democracia. Desde 1991, el organismo electoral panameño ha organizado elecciones limpias y formalmente competitivas; los votos han sido contados siempre fiel y rápidamente. Sin embargo, las elecciones se han caracterizado por la gran inequidad entre los competidores, debido a un esquema de financiamiento privado con muy pocos controles, y a un acceso inequitativo a los medios de comunicación.   La nueva legislación electoral contiene nuevas normas que buscan hacer que las elecciones sean realmente competitivas al limitar a 60 días el periodo de campaña, establecer máximos al financiamiento privado, y la posibilidad de que la ciudadanía conozca quiénes fueron los donantes de los candidatos y los montos aportados. Ahora, el Tribunal Electoral tiene nuevas tareas de monitoreo y fiscalización que son esenciales y que lo exponen como nunca ante la opinión pública. Economía El principal desafío es el logro de la sostenibilidad fiscal en un entorno tensionado por las presiones para mantener las políticas de austeridad fiscal y las presiones por aumentar el gasto social para atender las crecientes demandas sociales, en un año electoral marcado por el populismo, la demagogia y el incremento de la movilización popular en defensa de bienes públicos y bienes comunes. La reforma fiscal, tantas veces postergada, debería ser finalmente asumida por el gobierno que resulte electo en febrero de 2019, cuidando de poner en el centro de esta reforma su contribución a la construcción de una economía más justa, más productiva, más sostenible ambientalmente, y con más capacidad de adaptación a las transformaciones de la cuarta revolución industrial. Guatemala: Elecciones al triple Cambio Climático Los impactos del cambio climático han venido a incrementar los niveles de vulnerabilidad socioambiental y económica que caracterizan al país. Una sequía más implica una significativa reducción en los caudales de ríos, riachuelos y otros cuerpos de agua. En Guatemala el agua se encuentra estrechamente vinculada a la generación de riqueza, ya que el 70% del Producto Interno Bruto está acoplado a la disponibilidad de recursos hídricos. La degradación ambiental y su relación con las dinámicas económicas, sociales e institucionales explican la vulnerabilidad sistémica de Guatemala. Incluso, la variabilidad de las condiciones ambientales incrementa el nivel de riesgo en el país, porque tienen el potencial cada vez mayor de provocar eventos desastrosos. Economía Hay una crisis de confianza y de expectativas de inversión en el país. Revertirla necesita de cambios drásticos en la forma de conducir el país, lo cual es poco probable con el actual gobierno, y muy incierto dado el muy confuso panorama electoral. Mientras tanto, el país acrecienta problemas de logística de transporte, tanto vial como marítima, además de que está urgido de un nuevo modelo de inversión en infraestructura. En este sentido, se discute en el Congreso la Ley de Infraestructura Vial; si sucede, el panorama de crecimiento puede modificarse positivamente. Por otro lado, Guatemala continúa gozando de una estructura macroeconómica muy robusta, lo que permite ser optimistas de que no hay riesgos económicos, más allá del estancamiento antes descrito. Además, el proceso de urbanización requiere de inversiones en las ciudades alternas a la capital. Las tendencias confirman que el país hará el catch up en los próximos 15 o 20 años, lo que provocará un crecimiento interno importante que desde ya se visualiza en diferentes ciudades. Política Guatemala enfrenta un estado permanente de fragilidad en sus condiciones de gobernabilidad. El principal evento del año serán las elecciones generales. Después de dos décadas (la anterior ocasión fue en 1999), durante el año se elegirán a los responsables de representar a los tres poderes del Estado. El país decidirá si transita hacia la estabilidad política, trabaja en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales y las condiciones necesarias para el crecimiento económico o, por el contrario, hacia el fortalecimiento del régimen de impunidad y de los grupos que se han beneficiado por décadas de corrupción, del desgaste acelerado del Estado y de sus instituciones, y de la mayor presencia de estructuras criminales en el país (incluido el narcotráfico). El principal pulso que se librará en 2019 en el país es la continuidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción, proceso respaldado por diversas expresiones de la sociedad guatemalteca desde 2015, pero criticado por los sectores cuyas agendas de intereses cuestionables han quedado al desnudo, incluyendo al actual presidente de la República, Jimmy Morales. Honduras: El fantasma de la reelección Economía Honduras se encuentra en desaceleración económica; aún rubros que han impulsado años atrás el PIB, como el sector financiero, la generación de energía y las telecomunicaciones, están con menor dinámica con respecto al año anterior. Esto, se observará para 2019 y posiblemente para 2020, debido que no se observan políticas públicas que reviertan la situación y, generen las condiciones reales para la atracción de inversiones extranjeras y afiancen la nacional. Honduras enfrenta el reto de reducir la pobreza a través de una estrategia real con ajustes de la política fiscal, monetaria, comercial y de generación de empleos. El reto de transformar el capital humano para adecuarse a las nuevas condiciones, invertir en innovación y tecnología, mitigar los efectos del cambio climático, prevenir la violencia, ser más competitivos, y ajustar desde la factura de energía (rediseñando los costos), la inversión en infraestructura, hasta los impuestos… son las medidas que deben tomarse en consideración. De no hacerlo se corre el riesgo de profundizar la situación económica y social, lo que implica migración y por lo tanto “fuga de cerebros”. Política Un país dividido, polarizado y con altos niveles de desconfianza en las instituciones políticas y en los políticos requiere acordar reformas político-electorales profundas que transformen un sistema electoral y una arquitectura institucional que pueda garantizar elecciones libres, transparentes y confiables. Igualmente necesita definir de una vez por todas el problema de la reelección presidencial, no permitida por la Constitución, que ha sido una de las causas principales de la actual crisis política-institucional que vive el país. El enjuiciamiento por corrupción, en el cual están señalados prominentes miembros de la clase política hondureña, será un enorme desafío para la justicia nacional, en la lucha contra la impunidad. Finalmente, el adecentamiento de la política, el surgimiento de nuevos liderazgos y la democratización de los partidos políticos, con una ciudadanía más activa y comprometida con las reformas del sistema político, seguirá siendo el mayor desafío para garantizar una verdadera democracia. Cambio Climático Por efectos del cambio climático y calentamiento global se espera una serie de impactos significativos en el país, entre ellos, una disminución drástica en el régimen de lluvia versus periodos prolongados de sequía, disminución de la capacidad de regeneración de los bosques versus mayor pérdida de la cobertura forestal, y mayores amenazas por eventos climatológicos extremos versus mayor vulnerabilidad de los territorios. Estas variables ponen en serio riesgo a los habitantes de estas zonas y sus economías. Por el aumento de la población habrá mayor demanda de alimento versus menor capacidad productiva de los suelos, así que se deben diseñar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Panamá: La urgencia de las reformas Economía La expansión del gasto involucró cuentas por pagar a través de proyectos llave en mano a futuros gobiernos, continuas modificaciones a la ley para aumentar déficits fiscales, gastos e inversiones a través de instituciones separadas del sector público, lo que deterioró la capacidad del gobierno para ofrecer servicios públicos e infraestructura. Los Panama Papers, por su parte, provocaron cambios en la manera de hacer negocios. Abrir una empresa o cuenta bancaria no es tan fácil como antes. Por lo tanto, hay menos dinero sucio y la desaceleración económica se ha pronunciado. Ahora el futuro económico gira en torno a necesidades de reformas fiscales para mejorar la capacidad financiera del gobierno, reformas al deteriorado sistema de pensiones y ajustes al modelo de negocios del país. Todo sugiere que el gobierno que entra en julio 2019 va a hacer los cambios. Cambio Climático El aumento de la deuda pública, que supera los 23,000 millones de dólares, obligará al nuevo gobierno a buscar fuentes de ingresos alternos que podrían afectar a los recursos naturales del país. La entrada agresiva de la inversión extranjera proveniente de China implicará la construcción de megaproyectos que impactarán la frágil biodiversidad panameña. A pesar de la creación del Ministerio de Ambiente en el quinquenio, han disminuido los incentivos a favor de la energía solar y eólica. Y, por tercer gobierno consecutivo, se mantiene un compromiso con la minería metálica a cielo abierto vinculada a intereses canadienses. Por ello, las autoridades deben entender que la sociedad civil existe para ayudar a quienes estén en el poder a hacer un mejor gobierno. Nicaragua: Un país en crisis Cambio Climático Nicaragua es vulnerable al cambio climático, lo que implica daño a las vidas humanas y su economía. Según cifras del Banco Mundial, el impacto asciende a 301.7 millones de dólares del poder de compra, equivalente a una pérdida promedio anual por unidad de PIB de 1.72%. El país requiere apoyo financiero para desarrollar medidas de adaptación prioritarias:
  • Modernización de sus servicios hidrometeorológicos, que permitan mantener pronósticos precisos y sistemas de alerta temprana para dar una repuesta eficaz y eficiente.
  • Medidas para el desarrollo de infraestructuras y sistemas de drenaje en la ciudad capital y otras ciudades del Pacífico de Nicaragua que son altamente vulnerables a inundaciones.
  • Desarrollar un programa nacional de captación de agua y promoción de sistemas de riego en el corredor seco de Nicaragua.
  • Elaborar e implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático a nivel de sectores e implementar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos.
Economía Milán Kundera define a los países con economía pequeña como los lugares donde puede pasar cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier tiempo. Si a esta mezcla de fragilidad se le agrega confrontación política se agudizan todos sus elementos. Nicaragua apunta en estas condiciones a proteger el empleo, promover inversiones y restablecer la predictibilidad de su economía. Hasta el momento, Nicaragua ha tenido el menor índice de migración y de deportados desde Estados Unidos, y no está incluido como actor importante de las famosas caravanas. Para 2019 el país necesita abordar los desafíos fiscales a largo plazo y emprender reformas estructurales importantes. En este sentido, la confianza es fundamental para restablecer la vitalidad de la economía en el sector privado, lo que se está logrando en colaboración con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La sensatez y la tolerancia deben ser la piedra angular en la construcción de un nuevo orden social, expresado en la Constitución y reafirmado por la voluntad de todo un pueblo. Política El mayor reto que tendrá que enfrentar Nicaragua como sociedad en 2019 será superar la profunda crisis sociopolítica que la afecta desde el 18 de abril de 2018, sin fracturar aún más su tejido social y económico. Para lograrlo será necesario reinstalar el diálogo político entre las partes confrontadas, de modo que facilite la superación de la crisis sociopolítica de forma constitucional, ordenada, institucional y pacífica. Esto dará pauta a redemocratizar e institucionalizar el país, más allá de los arreglos de cúpula, con participación de empresarios, campesinos, estudiantes y la sociedad civil.

 

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