EFE.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México condenó este domingo el asesinato del ambientalista Marco Antonio Arcos, activista de los bosques de Guerrero, estado del sur del país.

“El defensor fue asesinado en el interior de una taquería en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Con este homicidio suman ya 66 defensores asesinados desde el año 2006 a la fecha“, indicó el organismo autónomo en un comunicado.

Arcos, quien también era comisario ejidal de la comunidad de Jaleac de Catalán, comía unos tacos este viernes en la capital de Guerrero cuando sujetos armados no identificados ingresaron al lugar a dispararle.

Activistas y políticos de oposición indicaron que el activista ya había denunciado en febrero que un grupo criminal ingresó a su comunidad de la sierra de Chilpancingo, por lo que pidió la protección del Ejército y la Guardia Nacional, pero no hubo respuesta.

“De nada sirvieron denuncias por amenazas de talabosques. Los tres niveles de gobierno eludieron su responsabilidad. En México, el mayor número de crímenes contra ambientalistas”, manifestó este domingo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

Lee: Fue 2020 letal para defensores ambientales; asesinan a 18

Los defensores ambientales mexicanos padecieron en 2020 uno de sus años más violentos de la última década con 18 asesinatos, 65 ataques y un total de 90 agresiones, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Casi la mitad de las agresiones fueron contra defensores del sector forestal e inconformes con proyectos de vías de comunicación de los diversos niveles de gobierno, mientras que en el 40 % de los casos el agresor fue un agente del Estado.

Por ello, la CNDH reiteró “su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias de los tres órdenes de gobierno” para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.

El organismo afirmó que “observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y su presentación ante la justicia”.

Pese a estas promesas, las asociaciones civiles han criticado al actual Gobierno por dejar sin recursos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras. 

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