La tierra y los derechos de las personas que la protegen han sido vulnerados en México a tal grado que en 2020 se registró 18 asesinatos contra defensores del medio ambiente, de los cuales 15 fueron hombres, y 3, mujeres
Según un informe divulgado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el año pasado contabilizaron alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.
El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México señala que de éstas agresiones registradas, en 26 presuntamente un agente del Estado fue el perpetrador.
En 3 casos habrían sido personas ligadas a empresas privadas (4.6% del total) y en 4 casos (6.2%) serían de los mismos integrantes de la comunidad donde radican los defensores.
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Las arremetidas de las que son víctimas los activistas del medio ambiente van desde las amenazas, el hostigamiento, la difamación hasta llegar a las agresiones físicas y algunas de ellas terminan en el homicidio.
Por ejemplo, en Guerrero, el 20 de diciembre de 2020 se documentó el asesinato, con signos de tortura, de cuatro indígenas nahuas, quienes eran miembros del Consejo Indígena Popular de Guerrero, organización que lucha por el derecho a la tierra, la autonomía y libre autodeterminación.
Otro caso fue el asesinato de Juan Aquino González, un indígena nahua, defensor y fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos y de la Reserva Ecológica de Cazadores para proteger a la liebre y el jabalí.
Los estados donde más agresiones recibieron los activistas y que registran un aumento en el perseguimiento de sus actividades medioambientales destacan: Chiapas, Campeche, el Estado de México, Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
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En Chiapas, por ejemplo, los conflictos y amenazas hacia los defensores medioambientales tienen que ver con la disputa de tierras, que se ve incrementada por la marginación de las comunidades y la irrupción de diversos grupos como los paramilitares, y la Guardia Nacional en territorios cercanos a los zapatistas y otros grupos originarios.
El sector forestal, relacionado con la tala clandestina, y de comunicaciones son los que más agresiones generan contra activistas medioambientales. En 2020, los ataques relacionados con el megaproyecto de infraestructura, el Tren Maya, registró 8 agresiones.
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Tres más fueron documentados en el proyecto de construcción de la carretera San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, otros tres relacionados con el Puente Vehicular de Xochimilco, en la Ciudad de México y tres más derivados de la construcción de carreteras a lo largo de la República.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental criticó que estas cifras se incrementen cada día en el país en gran parte por la inacción gubernamental que año con año destina menos recursos para la protección de los defensores medioambientales.
“La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal”.
CEMDA
La organización alertó que la violencia estructural, sistemática y generalizada que se vive en el país impacta de manera considerable en los derechos humanos de los activistas que defienden el medio ambiente: el agua, la tierra y el territorio.
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