El 26 de septiembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz en Colombia entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. La guerrilla fundada en 1964, la más antigua del continente, dejaba las armas.

No fue un proceso sencillo, e inclusive el acuerdo fue rechazado por los colombianos, por un pequeño margen, en un referéndum, pero imperó la política y se buscó la forma de no desbaratar un proceso que terminaba con 50 años de conflicto.

Durante meses discutieron en La Habana, Cuba, las modalidades de la reincorporación de los integrantes de los diversos frentes a la vida pública y para 2017 ya eran 7 mil los desmovilizados.

Hace unos días, Iván Márquez y Jesús Santrich, dos integrantes de la dirigencia de las FARC anunciaron que volvían a la selva y a la lucha armada. Es un golpe a todo el esquema de construcción de la paz y representa un desafío para el estado colombiano.

La paz, ya se sabe, es como un piso de cristal y su fragilidad, por ello, es evidente. Muchos grupos juegan en contra del éxito del proyecto y lo hacen por una gran gama de razones, algunas bastante atendibles, aunque otras, las más persistentes, son producto de prejuicios ideológicos o de apuestas políticas.

Quizá el propio acuerdo anidaba los gérmenes para su propio debilitamiento y en particular los que profundizan las heridas en las víctimas de la violencia, quienes no ven que la justicia vaya a llegar.

En efecto, pactar con la FARC representaba un alto costo, porque desde hace años se dedicaban al tráfico de drogas y porque cometieron toda clase de barbaridades a lo largo del tiempo.

A pesar de esto, el Estado colombiano, bajo el impulso de Santos, fue generoso y realista. Lo primero porque permitió la participación de los exguerrilleros en el poder legislativo y con un partido político y lo segundo porque continuar con la guerra no parecía, ni parece, una buena idea y mucho menos con la experiencia previa.

Márquez insiste en que había toda una trama orquestada en su contra y Santrich había sido detenido por acusaciones en su contra por tráfico de cocaína en Estados Unidos.

En efecto, muchos de los integrantes de las FARC tienen expedientes oscuros y cuentas pendientes y en ese péndulo se tiene que mover el afán por que no vuelva la violencia, pero también la necesidad de que los hechos delictivos sean castigados.

Es un reto importante para el gobierno de Iván Duque, pero sobre todo para las fuerzas que se comprometieron con el acuerdo y que lo vieron, y lo ven, como un avance para la vida de los colombianos.

El proceso de paz no se cancela, como ya han dicho muchos de los involucrados, pero no hay duda de que los tiros que lancen Márquez y Santrich, van a tener un eco profundo.

 

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