Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido el grupo guerrillero de mayor impacto y trascendencia en la región, antes de firmar el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016, tenían casi más de 50 años de vida. Su origen como autodefensas campesinas ante la violencia del Estado y las desigualdades del país se fue trastocando y a lo largo de esos 50 años terminaron siendo actores principales de un conflicto armado que dejó casi 8,8 millones de víctimas.

La violencia en Colombia tiene raíces profundas y con un bagaje histórico que con el pasar de los años fortaleció un conflicto que involucró a grupos guerrilleros, bandas paramilitares y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la violencia que caracteriza al grupo guerrillero no nace con la creación de la autodefensa de las FARC en los años 50; su origen se remonta décadas atrás.

La primera década de las FARC fue discreta y con pocas acciones bélicas; eso permitió a la guerrilla llevar a cabo su plan de expansión y crecimiento sostenido. En 1970 integraban la guerrilla alrededor de 780 combatientes, más del doble que en su fundación, y el número no dejó de ir en aumento.

El objetivo de las FARC a largo plazo era tomar el poder y romper el orden social que imperaba hasta el momento, pero el desequilibrio de fuerzas a favor del Estado hizo que inicialmente se dedicaran a aumentar su base social, su fuerza militar y su territorio de influencia. Los territorios bajo la influencia de las FARC quedaban aislados del Gobierno colombiano y la guerrilla se constituía como la autoridad de la zona, donde impartía justicia, prestaba servicios y recaudaba dinero a través de “impuestos” o extorsiones.

Ello estrechaba la relación entre las FARC y la sociedad civil de estos territorios periféricos y tradicionalmente abandonados por el Estado; muchos empatizaban con la lucha de la guerrilla y la veían como el único mecanismo de estabilización social.

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A nivel general, la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en noviembre del 2016, hasta ahora, ha sido lenta. Debido a que el Gobierno colombiano nunca ha manifestado una gran voluntad de implementar políticas de cambio social en zonas remotas del país, el poco avance en el proceso de hacia una paz sustentable y duradera no sorprende a la opinión pública.

Es una realidad que cuando Juan Manuel Santos estaba al frente del gobierno, el ritmo de implementación fue más elevado que ahora. Aunque aún bajo su liderazgo, fue difícil implementar aspectos relacionados a las reformas rurales. Por ejemplo, la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, se demoró mucho debido al trámite en el congreso, a pesar de ser fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

En las últimas semanas, ya con el gobierno de Iván Duque, se vive una nueva fase de estancamiento en la implementación de los compromisos adoptados por las FARC y el gobierno.

El presidente Duque, representa a los colombianos que no estaban a favor del acuerdo, y por lo tanto no constituye una prioridad para él y esto es quizás, lo más dañino para el proceso de paz.

 

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