Por Alfredo Kramarz*

Calificar de juicio político un proceso penal ordinario es una vía eficaz para criticar el funcionamiento de las instituciones de un Estado de Derecho. Si atendemos a la definición clásica de Alexis Tocqueville en “La democracia en América“, un juicio político es “la sentencia que pronuncia un cuerpo político revestido momentáneamente del derecho de juzgar”. Emplear el concepto en una democracia avanzada que carece en su ordenamiento jurídico de dicha figura sirve para plantear la violación del principio de la división de poderes, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y es un paso previo a la transformación de las salas de los tribunales en espacios performativos al servicio de una causa.

El concepto juicio político -descontextualizado- sedimenta en el discurso público la percepción de asistir a un intento de politizar la justicia y abre a las defensas o a su entorno, posibilidades de denuncia bajo el paraguas de la excepcionalidad. Son situaciones en las que la hostilidad respecto al Estado se desata organizada y con voluntad de generar una corriente de opinión que desgaste la credibilidad del poder judicial.

Los partidarios del acusado realizarán una campaña de desprestigio de los jueces (que puede afectar al círculo de familiares y amigos) e insistirán en constantes errores de procedimiento. Sostendrán que los fiscales o abogados de la acusación fuerzan los tipos penales para encajar en ellos ciertas conductas y dirán antes de su inicio que existe la necesidad de que otras instancias judiciales -no nacionales- revisen la sentencia aún no dictada. No habrá ningún reparo en trazar paralelismos con la justicia impartida en democracias débiles o incluso con el derecho aplicado en sistemas totalitarios, con tal de amplificar el eco de su crítica.

Librarán una batalla mediática en la que contarán de su lado con algún experto jurista que validará sus argumentaciones y hasta los testigos solicitados contribuirán a dar publicidad al caso. Un conjunto de tácticas para extraer del juicio una singular pedagogía respecto al significado de lo legal y sobre lo justificado de los actos cometidos. Todo ello encuadrado en una parcial visión de la historia que hará digerible la comprensión del juicio como un eslabón más en la cadena de opresión a un colectivo.

En una sociedad abierta quien afirma ser víctima de un juicio político rara vez abdica de sus ideas. Más bien, opta por hacer de su participación en el proceso un acto de resistencia y pronunciará, cada vez que tenga ocasión, un alegato que refuerce el compromiso de sus seguidores. No aceptará ningún indulto si este supone reconocer los delitos cometidos.

Un escenario de estas características obliga al Estado a transitar el drama como un actor más o a profundizar en los valores propios de una democracia pluralista, aunque su principal deber será explicar porque su comunidad política ha sido amenazada. Decantarse por la teatralidad es una tentación con riesgos y es preferible revitalizar la confianza en el trabajo -sin histrionismo- de las instituciones. La transparencia es el único antídoto contra la propaganda diseñada para dañar la imagen de un Estado en el resto del mundo.

Si los partidos opositores al gobierno hacen del juicio un campo de debate, los representantes del Estado tendrán más dificultades para seducir con su relato. Precisarán del rigor de los historiadores que desenmascaran mitos y de los medios de comunicación que privilegian la información sobre el espectáculo. Reclamarán la ayuda de los renegados si los hubiera y les será ventajoso que haya huidos de la justicia para evidenciar la deslealtad de estos.

Por último, llegará una fase de disputa en el ámbito de la estética que provocará el nacimiento de relatos audiovisuales o ensayísticos cuyo impacto en la sociedad civil es difícil de prever.

Las democracias lo son si aceptan el disenso, pero este no puede traducirse en hechos que atenten contra el orden constitucional. Cabe exigir a los demócratas la capacidad de rebajar niveles insostenibles de resentimiento e intentar no caer en la trampa de la “tribunalización” excesiva de la política. Ante el desfile marcial de las emociones hay que perseverar en la importancia de dar buenas razones públicas.

Gaziel, periodista catalán que ejerció de corresponsal en distintas ciudades europeas, escribió el siguiente párrafo con el título desconsuelo: “España y Cataluña, consideradas de forma colectiva, se encuentran hoy en un estado de envilecimiento como no habían conocido otro igual en los tiempos modernos”. Son palabras redactadas en 1952 cuando sus Meditaciones en el desierto (1946-1953) le llevaron a manifestar que la democracia había traicionado a sus amigos de España.

Hoy es otra época, quizá también envilecida, pero la España democrática merece que los pensamientos del afuera no contribuyan a que se sienta de nuevo abandonada.

*Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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