Por Celso Garrido*

El 1 de enero de este año, el nuevo gobierno puso en marcha el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), una de las dos grandes iniciativas de la Cuarta Transformación (4T) en materia social. Con el JCF se convoca a los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, con dos objetivos principales: darles acceso a estudios universitarios e integrarlos en actividades de capacitación para el trabajo. La iniciativa es loable, pues apunta a contender con uno de los grandes problemas sociales para el desarrollo del país, reiteradamente señalado desde distintos ámbitos en los últimos años.

Sin embargo, justamente por ello, y dado que no hubo discusión previa sobre los detalles del JCF, salvo lo relativo al presupuesto que se le destinará, es necesario analizarlo para calibrar las expectativas sobre sus alcances. De ello surgen, por lo menos, cuatro consideraciones críticas, las cuales dan base a una propuesta sobre cómo potenciar el impacto del JCF.

El primer problema que apuntamos concierne al diagnóstico en torno a la población objetivo, que, en el documento oficial del JCF, se fija en 2.6 millones de jóvenes en el rango de edades de 18 a 29 años. Contradictoriamente, en ese mismo documento se hace referencia al diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2017, según el cual, en México, 22% de la población que está entre 15 y 29 años no trabaja ni estudia ni recibe capacitación. El total de población en este rango de edades, según estimaciones de Consejo Nacional de Población (Conapo), sería de 32.5 millones, a principios de este 2019, por lo que, desde la perspectiva de la OCDE, dentro de ese total la población objetivo (22%) alcanzaría los 7.15 millones de jóvenes. De ser así, el JCF dejaría fuera, sin explicación, a más de 4.5 millones de jóvenes con carencias, si bien esto incluye un rango de edades mayor que el considerado por el JFC.

Adicionalmente, en este diagnóstico de la OCDE se pone énfasis en que, en esa población, hay un importante grupo, tanto de mujeres como de hombres, que están en condición de extrema pobreza.

El segundo problema es el relativo al presupuesto que se asignará efectivamente al JCF, y que, conforme a lo aprobado para 2019, era de 44,000 millones de pesos (MDP), lo que representa el 0.18% del PIB. Sin embargo, para atender la convocatoria publicada para este año, los requerimientos presupuestales son mucho mayores, ya que el total de fondos para cubrir las distintas becas, si se asigna el total ofrecido durante 12 meses, suma 108,000 MDP.

Para poner en perspectiva este monto, cabe señalar que la cifra representa 0.44% del PIB, lo que equivaldría a más del doble de lo asignado a la UNAM. Según Animal Político, esta ampliación presupuestal podría lograrse a partir de que el programa está clasificado con la clave presupuestal de “subsidio”, lo que le posibilita, en principio, evadir la emisión de reglas de operación y también esos ajustes presupuestales.

Un tercer aspecto cuestionable del JCF es que no se distinguen las características de la población a becar, y a la que se ofrece mensualmente 3,600 pesos por persona para capacitación laboral, sin considerar que la mayoría de los jóvenes objetivo están en situación de extrema pobreza y que, en ese mismo universo, hay una importante población de mujeres, como se confirmó con el dato de que pertenecen a este género 60% de las personas registradas inicialmente en el programa.

Esto lleva a cuestionar si no correspondería tener políticas diferenciadas para estos dos conjuntos, con el fin de evitar condiciones de inequidad entre los beneficiarios.

Pero el problema más relevante en el JCF, con base en la información difundida, es el que surge de la metodología para su implementación y sus resultados esperables. Lo primero se refiere a que, según el documento oficial del JCF, 300,000 jóvenes de bajos recursos que tengan concluido el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios podrán recibir una beca de 2,400 pesos mensuales que otorgará la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la única condición de que la beca se mantendrá mientras “duren dichos estudios universitarios”.

Por su parte, para el objetivo de capacitación en el trabajo, se ofrece, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), vincular a 2.3 de millones jóvenes “con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría”. Para ello se otorgará a cada joven una beca mensual de 3,600 pesos durante un año, sujeta a algunas reglas de operación en cuanto a distribución entre los sectores privado, público y social, así como para el mantenimiento de la misma. Para el primer paquete, la regla principal para continuar recibiendo la beca es mantenerse en la condición de alumno, sin fijar metas de resultados ni políticas que dirijan al estudiante en la elección de una carrera. Para lo segundo, se busca sólo que el becario realice una experiencia laboral de cualquier tipo, sin fijar ninguna meta a alcanzar ni una ruta para continuar el desarrollo.

De estas condiciones se deduce que el impacto del programa para los jóvenes beneficiados se agotará con la desaparición de los fondos que se otorgan, sin haberles ayudado a construir un camino para superar su situación. Por lo tanto, puede decirse que el JCF tiene un carácter remedial para población objetivo.

A pesar de ello, todavía existe la posibilidad de reconfigurar al JCF con los mismos recursos, para que los integrantes de las poblaciones objetivo puedan contar con opciones para una salida estable de su situación actual, al tiempo que convertir al programa en una poderosa palanca para el desarrollo del país.

Para esto, el JCF tendría que operar como un programa intersecretarial con cinco líneas de acción:

La primera tiene relación con la SEP: Que las becas para estudios universitarios se orienten a fin de que los jóvenes se inscriban en programas tecnológicos de formación dual que articulen la educación media superior y superior con empleos para estudiantes en sectores productivos, y que se otorguen títulos intermedios que permitan continuar con estudios superiores, como se aplica en Alemania o Francia.

Para ello, el país cuenta con el Tecnológico Nacional de México y el IPN. Inclusive, se podría proponer este enfoque para algunas de las 100 entidades del Programa Benito Juárez para educación media superior impulsado por el gobierno.

Para la segunda línea, también en relación con la gestión de estas becas por la STPS, en busca de aprovechar la posibilidad única para financiar la propuesta que brinda la potente iniciativa gubernamental de becas para jóvenes que cumplan un programa de capacitación laboral de un año desarrollando actividades en entidades productivas, públicas y sociales, se proponen dos ajustes importantes.

El primero es que esta capacitación laboral esté dirigida a la adquisición de oficios que sean certificados por la STPS al final del año de la beca, con lo cual el becario pueda mostrar en el futuro una competencia que le facilite encontrar un trabajo; en esto, la STPS tiene una muy amplia experiencia en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto requeriría calificar una decisión reciente anunciada por la titular de esta Secretaría, Luisa María Alcalde (El Financiero, 17/01/19) respecto de que, con el fin de ampliar el alcance del programa, se autorizará que personas físicas registradas en el SAT puedan ser tutores.

El segundo ajuste es que las unidades productivas a las que se encamine a los becarios sean Pymes, lo que debería hacerse en coordinación con la STPS y la Secretaría de Economía (SE), la cual establecería acuerdos con Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). La incorporación masiva de jóvenes a este tipo de empresas podría significar una extraordinaria oportunidad para la formación de recursos humanos con subsidio público, que luego podrían incorporar a las empresas con una base previa de conocimiento y certificación, invaluable para las empresas, que potenciaría vertiginosamente su acción económica con efectos multiplicadores en el empleo que podría derivarse de ello.

Toda esta iniciativa podría promover también una conducta de sostenibilidad ambiental por parte de las Pymes, con base en la formación al respecto que recibieran los jóvenes en el programa de becas de la STPS. Con ello se contribuiría a combatir uno de los mayores factores de crisis ambiental por las malas prácticas de estos pequeños negocios, y pondría a México a la vanguardia en América Latina y el Caribe en la prosecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el programa Horizonte 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Para ello, debería procurarse la cooperación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta iniciativa podría ser apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recuperando los acuerdos ya existentes con relación a la implementación de la modalidad de Formación Dual, por ejemplo, con Alemania y Francia, la OIT y la Unesco.

De hacerse real esta propuesta de convertir la iniciativa JCF en un programa intersecretarial de la SEP, la STPS, la SE, la Semarnat y la SRE, se lograrían efectos multiplicadores sostenibles para los jóvenes beneficiarios, y un uso más eficiente de los recursos públicos para el conjunto de la población del país.

*Profesor distinguido de la UAM experto en empresas, finanzas e innovación.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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