Por Miguel Calderón Lelo de Larrea*

En el pasado “Foro de Consulta de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión” convocado por la SCT, en donde participaron la industria, academia, sociedad civil, los tres niveles de gobierno y organizaciones internacionales, el tema común de las diez mesas de trabajo fue la coordinación necesaria que debe existir para facilitar la obtención de permisos municipales en el tan necesitado despliegue de infraestructura en nuestro país.

Hoy en día cada municipio es libre y soberano de establecer los procesos, especificaciones técnicas, restricciones por uso de suelo, costos y otras obligaciones necesarias que deben cumplir los concesionarios por instalar, operar y mantener infraestructura de telecomunicaciones a pesar de que la Constitución ha establecido que dicha infraestructura es indispensable para para prestar un servicio público de interés general para la población y que es un derecho constitucional el tenerlo.

Esta problemática ha sido ampliamente diagnosticada. En el 2012, la entonces Cofetel, realizó un estudio donde determinaba que “las administraciones estatales y locales, al no conocer los alcances operativos ni las características técnicas que implican la instalación y despliegue de radiobases, tienden a solicitar información innecesaria y a realizar requerimientos excesivos. En muchos casos, la falta de normativa no sólo retrasa el trámite y el proceso de inversión para el despliegue de radio bases, sino que además constituye un elemento que da pauta a discrecionalidad en la actuación de algunas autoridades y a anomalías en el proceso administrativo correspondiente”.

Por su parte la OCDE, en su último reporte sobre la situación de las telecomunicaciones en México también menciona la misma problemática: “La estructura federal de México ha creado un obstáculo sustancial: el alto nivel de autonomía de las autoridades locales y regionales ha dado lugar a una multitud de normas y regulaciones divergentes sobre el despliegue de infraestructura y el uso de suelo dentro de las diferentes jurisdicciones.”

El problema no es único de México, La GSMA en un estudio del 2015 donde revisa los diferentes procedimientos para otorgar permisos en 17 países de Latinoamérica, observa que “la mayor parte de los retrasos son causados por la burocracia, procesos administrativos que solo aportan consumo de tiempo, falta de lineamientos federales en cuanto a los requerimientos de cada municipio, o incluso a veces, meramente entorpecimiento u obstrucción del flujo de información”.

¿Qué se puede hacer? Me parece que el gobierno del presidente López Obrador tiene una posición envidiable para arreglar este problema ya que no sólo tienen mayoría en las dos Cámaras del Congreso, sino que su partido tiene más de 300 alcaldías, muchas de ellas en ciudades muy importantes del país. A continuación, enumeramos algunas de las acciones críticas:

  • Compatibilidad en el uso de suelo: La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que la infraestructura de telecomunicaciones es pública y de interés general y por eso se debe permitir su despliegue en cualquier uso de suelo (para zonas urbanizables y no urbanizables). Sin embargo, algunos municipios de Nuevo León interpusieron una controversia constitucional contra dicha ley por considerar que atenta en contra su autonomía. Dicha controversia está en la Suprema Corte de Justicia y de prosperar, sería un fuerte retroceso al despliegue de infraestructura en el país.
  • Especificaciones técnicas: Como diversos estudios lo han manifestado, no son los municipios los entes más adecuados para establecer las condiciones técnicas que necesitan cubrir los despliegues de sitios y cableados de telecomunicaciones. Tanto la SCT como el IFT serían los agentes adecuados para emitirlos. Hoy ya existen borradores de estos, pero no se han publicado. Suponiendo que no pudieran ser impuestos a los municipios, si serían una referencia sumamente valiosa y el municipio tendría que fundamentar las razones por las cuales no quisiera apegarse a ellos.
  • Preocupaciones de salud a la población: Uno de los argumentos centrales para la población es el temor que las antenas pueden generar problemas a la salud. El tema es tan extenso que da lugar a otro artículo, pero salve decir que el IFT ha realizado a la fecha dos consultas sobre los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia que no se han publicado. La publicación de dichos lineamientos daría tranquilidad a la población y seguridad jurídica a los operadores.
  • Costo de los permisos: La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones “no podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura”. Lo anterior se ha traducido en la falta de incentivos de los municipios para facilitar el despliegue de estas. Me parece que sería a través de la Ley de Coordinación Fiscal donde la Federación pudiera dar incentivos a los municipios para acelerar los despliegues de infraestructura.
  • Competencia intermunicipal: Los municipios podrían competir entre ellos por demostrar quién es el que tiene mejores condiciones para el despliegue de infraestructura y con ello atraer inversiones y mejorar el desarrollo económico de su población. El Inegi o la SCT podrían hacer pública dicha información, generando un circulo virtuoso.

Algunos otros países latinoamericanos, donde los municipios también son libres y soberanos ya han tomado cartas en el asunto ya han cambiado sus leyes. Destaca Perú que ha modificado su ley y permite un despliegue acelerado de infraestructura con el compromiso de los concesionarios de regularizar sus instalaciones cumpliendo las reglas y con importantes penalizaciones al no hacerlo.

El tema de los permisos municipales es crucial para lograr los objetivos de cobertura social y de llevar Internet a un mayor número de mexicanos. También se habla mucho de los beneficios que traerán las nuevas tecnologías: el 5G, el internet de las cosas, las ciudades inteligentes, etc. Todo ello lleva implícito el despliegue de muchos más sitios de telecomunicaciones que de no resolver este problema difícilmente se lograran las inversiones y los despliegues de red esperados y tan necesitados en nuestro país.

*Vicepresidente de Telecomunicaciones en CANIETI y Vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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