Para la generación de mexicanos a la que pertenece Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, de 31 años, los contratos colectivos, juicios laborales e inspectores de trabajo son conceptos lejanos, desconocidos.
Licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría en la Universidad de Berkeley, Alcalde tiene enfrente retos inmensos.
El expresidente Enrique Peña Nieto calificó su administración como el “sexenio del empleo”, pero, en realidad, fueron años de precarización salarial. De los 3.9 millones que consiguieron un trabajo formal entre 2012 y septiembre de 2018, tres cuartas partes se contrataron por un sueldo de 3,842 pesos mensuales, según datos del IMSS.
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Alcalde operará uno de los programas más emblemáticos y ambiciosos del gobierno de López Obrador: Jóvenes Construyendo el Futuro, que, en su primer año, ejercerá un presupuesto de 44,300 mdp.
¿Cuál es el panorama en materia laboral con el que te encuentras?
Hay enormes retos y tienen que ver con la precarización del empleo y con una política económica que le apostó a los salarios bajos, el control a las organizaciones y la negociación colectiva bajo una premisa de que, si teníamos los salarios bajos, íbamos a ser atractivos para la inversión extranjera.
Eso trajo resultados muy caóticos, una informalidad gigantesca y esquemas que, muchas veces, se utilizan de manera abusiva, como la subcontratación. Tenemos un grave problema de subregistro en el IMSS; no sólo es que 60% de los hombres y mujeres que viven de su trabajo no estén registrados, sino que muchos lo están con un salario distinto al que realmente ganan.
Los salarios mínimos están debajo del nivel de pobreza y se han permitido prácticas como el subregistro y abuso de la subcontratación o simulación laboral, sin ningún tipo de consecuencia.
El camino a seguir es, por un lado, rescatar la contratación colectiva auténtica, que la Secretaría de Trabajo garantice que pueda haber un diálogo social responsable entre trabajadores y empleadores para llegar a acuerdos sobre cómo mejorar los salarios y la productividad de las empresas. En ese sentido, tenemos el reto de implementar y aprobar leyes secundarias, que están hoy en la Cámara de Diputados, y que hablan de una justicia laboral realmente imparcial.
Y, por otro lado, [se debe] garantizar la contratación colectiva.
Otro reto es el esquema de inspección. A pesar de que se incrementaban los inspectores laborales, en cumplimiento no había ningún impacto, pues era utilizado como una forma de chantaje; [era] altamente corruptible. Es un esquema distinto, de Trabajo Digno, como le vamos a llamar a la nueva unidad.
La verificación será estratégica.
Los puntos clave que hay que atacar de manera prioritaria son la subcontratación abusiva y el subregistro en el IMSS.
Todo esto, en un contexto de un proyecto de nación que el presidente [Andrés Manuel] López Obrador impulsa para que se fortalezca el mercado interno, la gente pueda tener un trabajo en el lugar en el que vive y una actividad productiva para vivir con dignidad.
Eso nos ayudará a que haya mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.
Ve el video:
Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images.La reforma a la ley incluye la creación de Centros de Conciliación locales y Tribunales del Poder Judicial. ¿Está preparada la secretaría con presupuesto y recursos humanos para atender este cambio?
Sí. La iniciativa es producto de una reforma constitucional, que se aprobó en febrero del año antepasado, de acuerdo a la cual México se comprometió en el T-MEC, y a la ratificación del Convenio 98, que apenas se hizo en el Senado.
Esto culmina en una iniciativa. Por un lado, la justicia laboral es un pendiente que se tenía desde hace mucho. En 2012 se dijo que, para resolver el problema de los salarios caídos, [los juicios] se iban a un año, pero no resolvieron el problema; los juicios tardan cuatro años en resolverse. En cuanto a las juntas, se dijo que no son autoridades imparciales, que son juez y parte en los conflictos, y que ejercen mucho control, local y federal.
La transición a tribunales federales que dependan del Poder Judicial es una necesidad inminente y será gradual, empezando por algunos estados. No es de un instante a otro, sino que se crea un tribunal laboral y sigue existiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje, en tanto se resuelve su rezago, porque hay muchos asuntos pendientes.
La reforma toca la justicia laboral, pero, por el otro lado, habla de garantizar la libertad y democracia sindical, es decir, garantizar el voto personal, libre y secreto, para que los trabajadores puedan elegir a sus representantes.
Y también para que ellos sean consultados antes de que haya una firma de un contrato colectivo o una revisión contractual. Es decir, garantizar que quien se sienta a la mesa con los negociadores tenga legitimidad frente a los trabajadores.
Otro elemento importante es la creación de un instituto con autonomía, que se va a encargar de todos los registros sindicales del país, federales y locales, y de los contratos colectivos. Eso garantiza que la gente que se quiera organizar pueda hacerlo con libertad.
Hay cerca de medio millón de juicios laborales en espera de solución. ¿La reforma va a agilizar estos juicios?
Sí. Es un nuevo esquema, un procedimiento más expedito, oral, frente al juez. Hay dos elementos esenciales: uno, que la conciliación será obligatoria, se intentará siempre que haya acuerdo y, de no resolverse el conflicto, se irá a juicio, pero con un procedimiento en comparecencia del juez, oral y en menos tiempo.
Esto, más [segundo elemento] el hecho de que se tratará de una autoridad imparcial, nos van a garantizar una verdadera impartición de justicia en el mundo laboral.
Dices que las instancias para registrar contratos y sindicatos serán autónomas. ¿Cómo se garantizará esa autonomía?
En la propuesta está la implementación de una reforma que ya sucedió y respecto de la cual, incluso, estamos en falta, porque se estableció que, para febrero del año pasado, estaría resuelto y no ha ocurrido.
La Constitución establece la creación de un órgano que le dé autonomía, en el sentido de que será a través de una terna [como se elija al titular] y el presidente y el Senado serán los que resuelven; esto, para garantizar que no haya esa intervención que genera que la gente tenga limitaciones.
¿Cómo se evitará la tentación de los inspectores y de los inspeccionados por la corrupción?
Terminará la inspección tradicional; el nuevo esquema se llamará Trabajo Digno, y atenderá cosas inmediatas, como los accidentes y las denuncias. La inspección tradicional, que se hacía de puerta en puerta, con 50 hojas y empezaba por ver si está parejo el piso, si la silla está chueca, es decir, una serie de cosas que parecían más una búsqueda para ver “qué te encuentro para pedirte un moche o para multarte”, pasará a ser algo distinto.
La huelga en Matamoros cuesta 37.5 millones de pesos diariosVamos por una verificación más estratégica para identificar qué empresas son las que no cumplen con sus obligaciones en seguridad social o que tienen subregistro. Es una verificación más coordinada, porque, por ejemplo, la subcontratación abusiva impacta los derechos de los trabajadores, pero también es una evasión a Hacienda. Te puede interesar: Programa para ‘ninis’ arranca con cupo para 3 de cada 10 registrados
Foto: Angélica Escobar/Forbes México.
