Los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron a la Cámara de Diputados respetar el debido proceso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y dijeron que el Congreso de dicho estado es la última instancia que decidirá si le retiran o no el fuero constitucional al mandatario.

“La Ley es clara. Corresponderá en última instancia, decidir sobre el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, al Congreso del Estado de Tamaulipas conforme a sus atribuciones y competencias. Garantizar la justicia y el estado de derecho es obligación ineludible del Estado y sus instituciones”, señalaron los panistas.

En una carta que difundieron en redes sociales, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) señalaron que el procedimiento de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas presenta “vicios jurídicos y una clara manipulación de la ley”.

“Respaldamos al gobernador de Tamaulipas ante las acusaciones que se le han imputado y que no han sido probadas. Demandamos un estricto apego a la Constitución y a la ley. La ley es clara”, apuntaron los mandatarios.

Lee: Sección Instructora declara procedente desafuero contra Cabeza de Vaca

Lo anterior, luego de que ayer la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó que sí procede el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Tras la declaración de procedencia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, anunciará que debe establecerse el Jurado de Procedencia y se le notificará al inculpado y a su defensor, así como al denunciante.

Cuando la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia, la secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la Sección Instructora.

Después se concederá la palabra al denunciante, al querellante o al Ministerio Público y en seguida al inculpado o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos.

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