En esta guerra comercial de Estados Unidos contra México, Canadá y la Unión Europea, a través de la imposición de aranceles al acero y aluminio, uno de los mayores afectados serán los consumidores en todos los mercados involucrados, de acuerdo con especialistas.

Manuel Padrón, socio líder nacional del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas para América Latina en Baker McKenzie, comentó que la medida impuesta por el gobierno de Donald Trump aumentará los precios para los consumidores de todas las naciones involucradas.

“Si bien esta puede ser una estrategia de negociación de EU para obtener un resultado más favorable en el Tratado de Libre Comercio de América del Note (TLCAN) y otras negociaciones comerciales, es dudoso que esta táctica arroje resultados positivos”, comentó el experto.

“Por un lado, no está claro si los fabricantes estadounidenses tienen la capacidad de sustituir acero y aluminio importados, ya que esto puede requerir que reabran plantas y desembocar en un proceso largo y costoso. Además, incluso si las fábricas de Estados Unidos pudieran cumplir con los niveles de demanda, los consumidores estadounidenses terminarían pagando más por estos productos”, añadió Padrón.

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Por su parte, Alik García, analista bursátil del grupo financiero Intercam, coincidió en que los nuevos aranceles tendrán una repercusión en el consumidor final, por el traslado de los costos por parte de las empresas.

“En general, toda esta guerra comercial, no sólo en referencia a México, sino a la de Estados Unidos con varios países tiene un efecto de corto plazo en las empresas. Casi todo el grueso de estas compañías tiene la capacidad de traspasar mayores costos a mayores precios. Pero en el largo plazo quien terminará absorbiendo todo esto no serán las empresas, sino el consumidor final”, comentó el experto.

Este 4 de junio, la Secretaría de Economía informó que comenzará un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los nuevos aranceles.

“México considera que las medidas impuestas por EU al amparo de la Sección 232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos, además de que violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros.

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