Cada vez parece más inminente que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será modificado de manera sustantiva. A casi cuatro años de que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política, publicadas el 27 de mayo de 2015, son patentes los intentos de modificarlo. Ante un fenómeno de la corrupción que luce aún más intrincado, sin soluciones rápidas ni sencillas y la percepción de que el problema no cesa, resulta tentador aducir como causa a que el Sistema simplemente no ha funcionado, a riesgo de ser un balance prematuro.

Hace poco se hablaba de incorporar de manera permanente al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP a los trabajos del SNA, pero el anuncio reciente por parte del Senador Ricardo Monreal, de crear una Tercera Sala Especializada de la Suprema Corte en el tema anticorrupción, cuyo presidente sea integrante del Comité Coordinador, suena a preludio de cambios mayores al modelo anticorrupción. Tal propuesta obedecería a “la ausencia de sanciones firmes a los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública”, según se lee en la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado.

En este contexto y ante la discusión amplia que debería ameritar la reforma del SNA es preciso proteger la apuesta de este modelo por incorporar a la ciudadanía como parte de la solución al problema de la corrupción. Al respecto, la gran pregunta es cómo empoderar a la ciudadanía para que ejerza un control eficaz del ejercicio del poder público y su interacción con el poder económico. En otras palabras, cómo hacer que la participación de los ciudadanos sea un contrapeso efectivo a “la apropiación ilegítima de lo público”, que es una definición de corrupción, o al abuso de la autoridad para obtener beneficios privados.

En primer lugar, partamos de la idea de que la lucha contra la corrupción no se resuelve solo con sanción, sino que es igualmente necesario inhibirla y prevenirla. En segundo lugar, en este debate es necesario reivindicar el papel de la participación ciudadana en sus distintas manifestaciones. En México hay una historia asociativa que no se agota solamente en la forma de Organizaciones de la Sociedad Civil, inscritas en el padrón a cargo de Indesol, y que deben cumplir ciertas barreras de entrada como estar legalmente constituidas. Hay otras formas de participación ciudadana en nuestro país que van desde las asociaciones de padres de familia, de vecinos, comités de obra, hasta acciones de Contraloría Social, que son aquellos mecanismos “… donde los beneficiarios directos de los programas sociales, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos individuales vigilan que la ejecución de los programas se lleve a cabo de acuerdo con las normas vigentes, con transparencia y honestidad”

En algunos estados, los comités de contraloría social tienen el poder de “certificación” para que una obra pública sea aceptada, por lo que un análisis de las posibilidades y los obstáculos para que estas instancias sean diques contra la corrupción resulta evidente. Ante la posibilidad de reformar al SNA se hace imperativo fortalecer al Comité de Participación Ciudadana con las atribuciones necesarias que le permitan una vinculación más vigorosa con estas expresiones de participación que existen en México desde hace tiempo y aún en las localidades más remotas. Los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción en los estados podrían servir como una instancia de coordinación con los comités de contraloría social para que las observaciones y resultados de éstos puedan incidir de manera real en la rendición de cuentas de las autoridades y, por qué no, en la formación de las decisiones públicas.

 

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