Desde 2015 está siendo implementado un modelo anticorrupción sui generis en el país y en los estados. Concebido desde la presión de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nace como un mecanismo para coordinar distintas instituciones del Estado, con el objeto de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para controlar y fiscalizar los recursos públicos. Los Sistemas Anticorrupción de los estados son también una instancia clave para el éxito del Sistema en su conjunto.

El 19 de julio de 2017 entró en vigor el SNA y desde esa fecha se han ido integrando los Sistemas Anticorrupción en los estados. A poco más de año y medio es necesario preguntarnos si el sistema está funcionando. Por un lado, solo 18 de las 32 entidades cuentan con un Comité de Participación Ciudadana (CPC), mientras que, a nivel nacional, es bien sabida la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y de la ratificación de los magistrados anticorrupción. Por su parte, en los estados donde ya están en marcha sus Sistemas Anticorrupción, en la mayoría de los casos las instancias ciudadanas se enfrentan a la falta de presupuesto por parte de los gobiernos estatales o la falta de voluntad política de quienes forman parte del sistema.

Comencemos por decir que el sistema es ya de por si complejo por el número de actores involucrados, las diferentes facultades de cada instancia que lo integra (hay dos comités, una comisión ejecutiva y un órgano de gobierno, además del sistema de fiscalización), y por las atribuciones y mandatos propios de cada autoridad. A este entramado de actores, instancias y atribuciones diversas, le acompaña un desconocimiento generalizado de cómo funciona y para qué sirve el sistema anticorrupción, no solamente entre los ciudadanos sino, incluso, desde el mismo gobierno y otros actores relevantes.

Se repite una y otra vez que este modelo anticorrupción es una apuesta por “ciudadanizar” la instancia encargada de coordinar a las instituciones claves en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Sin embargo, junto con lo novedoso de este modelo, al ser un ciudadano y no un servidor público o institución el que encabece el sistema, es poco atractivo decir que el sistema anticorrupción no es una cacería de brujas ni su foco es la discusión de temas polémicos de coyuntura, sino un enfoque más bien preventivo y de recomendaciones en políticas públicas. En suma, un empaque poco o nada vendible para la opinión pública que a diario conoce escándalos de corrupción e impunidad.

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Una pieza central de la que poco se habla y que es tan importante como los nombramientos faltantes, la Plataforma Digital Nacional, está en construcción y su funcionamiento tampoco será de la noche a la mañana. Esta Plataforma deberá permitir que diversos sistemas de información se hablen entre sí y produzcan datos socialmente relevantes y fácilmente accesibles.

El problema de la corrupción es demasiado importante como para dejarlo a juicios sumarios sobre el SNA o para profecías “autocumplidas” de que es una reforma condenada al fracaso. Junto con modificaciones legales que podrían mejorar este diseño institucional hace falta una postura clara del nuevo gobierno sobre el lugar del SNA en la agenda pública. Aunque después del 1 de julio de 2018 la correlación de fuerzas políticas es otra, la necesidad de que el SNA junto con los Sistema Estatales funcionen sigue siendo la misma: se trata de un esfuerzo integral para inhibir la corrupción desde un enfoque de sistema, de coordinación y de participación ciudadana. Que la gente se apropie de estos instrumentos es una oportunidad que no podemos perder.

 

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