Alonso Saucedo Alatorre, de 18 años de edad, recibe 36 mil 882 pesos del fideicomiso Pensiones complementarias para servidores públicos de mando superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revela documentación en poder de Forbes México.
Ese fideicomiso es uno de los 13 del Poder Judicial de la Federación (PJF) que fueron eliminados por los diputados de Morena, del PT y el PVEM.
Cada mes el fideicomiso Pensiones complementarias para servidores públicos de mando superior de la Suprema Corte paga más de 645 mil 900 pesos a exempleados, según datos entregados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Y son 28 personas las que reciben esa pensión complementaria, con montos que van de los 6 mil 931 a los 36 mil 882 pesos.
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El 3 de abril de 1996 la Suprema Corte creó el fondo de pensiones complementarias para servidores de mando superior con el Grupo Financiero Bital, un banco que fue adquirido por HSBC.
La institución financiera se encargaba de recibir, custodiar, invertir, administrar y aplicar el fondo para generar rendimientos, que se destinaron al pago de las pensiones complementarias. En 2006, el fondo pasó a ser administrado por el banco HSBC, y desde 2013 Nacional Financiera es la entidad encargada de administrarlo. Al 30 de junio, ese fideicomiso contaba con 484 millones 109 mil 941 pesos.
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Según la SCJN, podrá acceder a un retiro anticipado con una pensión complementaria reducida el servidor público que cumpla 60 años de edad y 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, continuos o acumulados, encontrándose en activo en la Suprema Corte al momento de su baja.
La pensión complementaria por jubilación se otorgará al servidor público que alcance los 65 años de edad y por lo menos 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, continuos o acumulados, encontrándose en activo en la Suprema Corte al momento de su baja.
También se otorgará una pensión complementaria por invalidez al servidor público de mando superior al que el ISSSTE le diagnostique una incapacidad parcial o total permanente, o que lo inhabilite en términos de la Ley del ISSSTE, cuando tengan 15 años o más de antigüedad en el Poder Judicial, encontrándose en activo en la Suprema Corte al momento de su baja.
Avanza desaparición de fideicomisos
El martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, el dictamen para agregar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF.
Ese agregado establece que solo se mantiene el Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, y que no podrán crearse otros.
En los transitorios se menciona que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos.
Tras el avance de la propuesta, pendiente de análisis y aprobación en el Senado, la Suprema Corte aseveró que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del PJF, y en el cumplimiento de obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de los trabajadores.
La Corte agregó que no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda. y que aprueba la Cámara de Diputados.
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“Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, afirmó en un comunicado el miércoles.
El avance de la propuesta para desaparecer los fideicomisos provocó que trabajadores del PJF estallaran un paro de actividades que se mantendrá hasta el 24 de octubre. De aprobarse el dictamen en el Senado, las pensiones para personas como el joven Alonso Saucedo Alatorre desaparecerán, aunque estarían pendientes los previsibles recursos legales para anular la reforma a la Ley Orgánica del PJF.
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