Tras una evaluación de áreas clave de la administración pública, el Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), otorgó el ingreso de Costa Rica a dicha organización.

Para lograr este resultado, fue necesario que Costa Rica demostrara capacidad y voluntad para implementar medidas legales y administrativas en las áreas del centro de gobierno, gobernanza presupuestaria y empleo público, informó el organismo.

A través de un comunicado indicó que “la aprobación e implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue clave para alcanzar esta meta, particularmente al proveer herramientas para mejorar la eficiencia del gasto en remuneraciones y destinos específicos”.

Al respecto Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda, señaló que Costa Rica tenía como reto aprobar una reforma fiscal que diera sostenibilidad a las finanzas públicas.

“Lograr esta tarea no fue fácil, fue un trabajo de varios años, que logró unificar el pensamiento de distintas fuerzas políticas motivadas por una mayor conciencia para atender los desafíos estructurales que enfrenta el país”, señaló.

Y añadió que “mediante esta ley y su implementación, se da un gran paso hacia una gobernanza fiscal y presupuestaria más eficiente orientada al cumplimiento de objetivos estratégicos”.

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En materia de empleo público, también se inició un importante camino de reforma. Se implementaron medidas administrativas de contención del gasto y normas que regulan las remuneraciones en el sector público, las cuales buscan la estandarización en el régimen de salarios, subrayó la OCDE.

Adicionalmente se definió de la rectoría de empleo público en Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), y la creación de un sistema de evaluación de desempeño ligado a metas institucionales y a competencias.

Por su parte Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior, y coordinadora del proceso de ingreso a la OCDE, comentó que el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE, y en particular a este Comité, requirió de cambios normativos y una profunda transformación de la cultura institucional.

“Estos cambios han implicado desafíos técnicos y políticos que ha sido posible superar gracias al trabajo comprometido, arduo y articulado de los Ministerios de la Presidencia, Hacienda y Planificación, con el concierto de otras entidades y poderes de la República”, aseguró.

El proceso de evaluación liderado por el MIDEPLAN inició en 2015, cuando este Comité publicó un Estudio sobre Gobernanza Pública en Costa Rica.

Dicho reporte, además de realizar un diagnóstico, brindó una serie de recomendaciones en diferentes áreas como: capacidad de dirección y coordinación del centro de gobierno, monitoreo y evaluación, presupuestos públicos, empleo público, desarrollo regional y políticas de integridad en la contratación pública.

 

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