EFE.- La muerte de 53 migrantes en un tráiler en Texas el pasado lunes refleja el incremento del tráfico de personas y el uso de “coyotes” en la frontera norte de México, problemas que se han agravado desde que se instauró el Título 42 en Estados Unidos.
Pese al riesgo que conlleva contratar a traficantes para cruzar la frontera, y la cantidad de dinero que se paga solo por pasar -alrededor de 200,000 pesos-, activistas en la fronteriza ciudad de Tijuana aseguran que en los últimos dos años han percibido un incremento en cruces de este tipo y que tragedias como lo sucedido en Texas, son un reflejo de la magnitud de esta problemática.
José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, compartió que históricamente los migrantes, principalmente mexicanos, han recurrido a los “coyotes” para cruzar ilegalmente a Estados Unidos.
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Sin embargo, consideró que lo agravante de la situación fue cuando estos traficantes comenzaron a ligarse al crimen organizado, lo que a su vez se relacionó al tráfico de drogas, pues los migrantes han sido moneda de cambio para transportar o traficar drogas hacia territorio estadounidense.
Además de que comenzaron a ser fuente para extorsionar familiares y tomar control territorial por donde suelen cruzar.
“Hay organizaciones criminales dedicadas al tráfico que están utilizando el uso de vehículos para su transportación y también están cobrando piso (cuota por pasar por algunas zonas) por el tránsito de migrantes, lo cual agrava la situación de personas que están en contexto de migración”, dijo.
Una situación que le tocó vivir en carne propia a la hondureña Gloria Zepeda, cuando en diciembre pasado junto a su mamá y hermanas intentó cruzar por Mexicali, en donde fueron interceptadas por “coyotes” que iban en motos y portaban armas de fuego.
“Ellos nos decían que son zonas que les pertenecen, que nadie puede entrar así nada más, porque ellos cobran, a nosotros nos dijeron que solo por darnos la pasada nos cobraban 100 dólares y hay gente a quienes les cobraban 500 dólares”, comentó.
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
El Gobierno mexicano reportó un incremento del 89% interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77,626 de enero a marzo.
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El Título 42 es una política de salud que se comenzó a implementar con el gobierno de Donald Trump durante la pandemia por Covid-19. Con esta política se facultó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos determinar qué población pone en riesgo a los estadounidenses para que no ingresarán a ese país, y en caso de ingresar, son expulsados a México
Cobran más de 200,000 pesos
José María García Lara, director y fundador de Movimiento Juventud 2000, dijo que los traficantes de personas llegan a cobrar hasta 10,000 dólares (unos 202,000 pesos) por llevar a las personas al otro lado de la frontera.
Por ello, dijo, en casos como lo sucedido en Texas “se repite lamentablemente la misma historia”.
“La gente entra en desesperación y busca a alguien que la pueda cruzar y en ello se encuentran con personas sin escrúpulos que en muchas ocasiones las llevan a desenlaces desafortunados en los que pierden la vida”, apuntó.
Otra joven migrante originaria de la comunidad de Aguililla, del estado mexicano de Michoacán, que no quiso dar su nombre por seguridad, compartió lo difícil y complicado que es cruzar de esa manera, pero “a veces a las personas no les queda otra opción”, incluso consideró que, si tuviera los recursos, pensaría en esa posibilidad.
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“A veces no les queda de otra más que la de recurrir a los coyotes, porque tienen problemas, no tienen muchas oportunidades y por eso deciden irse así para allá, porque tampoco pueden regresar a sus lugares de origen”, dijo.
Corresponsabilidad de México y EU
Para la activista Paulina Olvera Cáñez, directora de Espacio Migrante, que sucedan estas situaciones es consecuencia de políticas como el Título 42, pero también de las autoridades mexicanas, pues han militarizado la frontera sur y no permiten el libre tránsito por territorio mexicano.
“Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detienen a personas que vienen viajando de manera regular en autobuses, las detienen y las regresan al sur; cierran todas las opciones para la migración regular y quienes salen ganando son los coyotes y el crimen organizado”.
Por esta razón consideró que “México también es responsable de tantas muertes”, lo cual comparte Pérez Canchola, quien agregó que para evitar esta situación a los migrantes se les deben otorgar visas humanitarias en automático en la frontera sur de México, con libertad de tránsito y derecho temporal al trabajo.
“Esto le quita el negocio a las organizaciones criminales (…) dejar a la gente migrante sin conocimiento y sin documentación, es entregarlos a estas bandas traficantes de personas”, concluyó.
