Existe un gran debate en torno del precio de la democracia. Lo cierto es que si los candidatos sólo pudieran acceder a recursos públicos, un aspirante a diputado federal, por ejemplo, tendría solamente 70,000 pesos al mes para financiar su campaña.

 

Por Macario Schettino

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Este año es de elecciones federales, así que volveremos a escuchar cuánto gastan los partidos políticos, cómo las cifras se miden en miles de millones de pesos, el público se espanta, se enoja y la democracia pierde por su elevado costo. Aunque, en realidad, nadie gana.

Un buen ejemplo de estos errores de interpretación es la discusión acerca del Poder Legislativo. Por un buen tiempo se promovió en medios de comunicación la idea de reducir el número de diputados, porque cuestan mucho dinero. En el debate se usan cifras como el sueldo de los legisladores, que supera los 100,000 pesos mensuales, o la cifra acumulada del Congreso, que supera los 15,000 millones de pesos (mdp).

Sin embargo, se olvida que quienes están en el Congreso deciden el gasto de todo el gobierno federal. Es más, del sector público completo. También se deja de lado que esos gastos son, muchas veces, mayores a esos 15,000 mdp. Las decisiones de diputados y senadores cuestan 150 veces más que su sueldo, si sólo se considera al gobierno federal, y 250 veces más, si la comparación es con todo el sector público. Es decir, por ahorrar un peso se ponen en riesgo 250.

No cabe duda que los legisladores mexicanos podrían hacer mejor su trabajo. Tampoco se cuestiona la existencia de gastos superfluos e incluso corrupción. Pero nada de eso se resuelve reduciendo el número de diputados ni eliminando una de las formas de elección. Si acaso algo falta en México, es que el Congreso tenga presupuestos mayores para que haga un trabajo mucho más profundo. Por ejemplo, revisar con más detalle esos 250 pesos que se gasta el sector público por cada peso que ejerce el Congreso.

 

Recursos públicos y privados

En la década de 1990 se decidió que el financiamiento de las elecciones mexicanas debería ser público, en su mayoría, para evitar que el capital privado decidiese los resultados. Esta decisión vino de una creencia, muy arraigada en nuestro país, de que los empresarios son “enemigos de la democracia” o “servidores del extranjero” y muchos otros adjetivos más. Aunque evidentemente eso es falso, la ideología política del México del siglo XX se construyó en torno a las ideas de la Revolución. Ahora, la insistencia en mantener el esquema de financiamiento público se basa en el temor de que las organizaciones criminales intervengan en los resultados electorales. Pero ésa es también una creencia errónea, pues hay evidencias que demuestran que existen candidatos procedentes del crimen organizado y gran parte del financiamiento de sus campañas procede de los recursos de la ciudadanía.

Si bien el financiamiento público de las elecciones parece no servir, ésa fue la decisión que se tomó cuando se construía la democracia y, como ocurre con todas las instituciones, una vez en proceso es muy difícil cambiarlo. Los partidos políticos ya le encontraron el gusto al financiamiento público y difícilmente querrán cambiarlo.

La decisión entre financiamiento público y privado de las elecciones no es un tema sencillo. Hay países en los que prácticamente todo el dinero viene de las personas y empresas, como Estados Unidos, y otros donde la mayoría lo otorga el Estado, como en Europa. Elegir entre un esquema y otro implica un proceso complicado, ya que ambas fuentes ofrecen desventajas: el financiamiento público se convierte en un problema de vigilancia, debido a que quienes deciden el gasto son los mismos que los que lo usan; el privado causa problemas, porque quienes tienen más dinero financian candidatos para garantizar más dinero. Ninguna solución en este problema es perfecta, y ninguna sobrevive mucho tiempo, porque va generando grupos que capturan la elección, sean privados o públicos.

 

El valor de la democracia

Antes de 1988 no existía un gobernador o senador de un partido distinto al PRI. No fue sino hasta 1997 que el partido en el poder perdió el Congreso definitivamente (al menos, hasta el 2018), porque la reforma política de 1996 permitió una competencia menos injusta.

Hasta ese año, el gobierno gastaba lo que quería en las elecciones para que ganara el candidato de su partido, el PRI. No había diferencia sustancial entre partido y gobierno. Y no había ninguna vigilancia del gasto, no sólo en elecciones, sino en ningún caso. Ahora, cada vez que se hacen públicas las propiedades de los funcionarios se levanta un nuevo escándalo. Antes, todos se enriquecían sin mayor complicación.

A partir de 1997, los partidos políticos en México reciben financiamiento público de forma transparente, aunque ha habido casos en los que se acusa a gobiernos (federal o locales) de hacerlo de forma ilegal. El caso más famoso fue el “Pemexgate”, como lo bautizaron los medios, en el año 2000.

Aunque el financiamiento es continuo, en los años de elección hay un incremento para las campañas. No sólo se financian, a través de impuestos, los anuncios en medios electrónicos y los pendones en las calles, sino la operación misma de los partidos en los años en que no hay elección.

La cantidad de dinero que se les entrega a los partidos parece grande cuando se ve en pesos y centavos: tres o 4,000 mdp en año normal, cinco o 6,000 millones en año electoral. No es tanto cuando compara con el gasto que ejerce el gobierno: entre 0.15 y 0.25% del gasto del gobierno federal. Si se suma todo lo que han recibido los partidos desde 1997 (18 años), en pesos de hoy no llega a 80,000 millones. En este 2015 esa cifra será superada, por poco. Por ejemplo, en 2014 el gasto de los partidos sumó poco menos de 4,000 mdp, y en este 2015 será de 5,355 mdp. Corrigiendo por inflación, resulta que habrá un gasto adicional, por las elecciones, de 1,250 mdp. Si se reparte entre tres meses de campaña y entre diez partidos, el gasto mensual de un partido apenas será de 40 mdp. Dividido entre 300 diputados de mayoría, el gasto de cada uno sería de 140,000 pesos mensuales, poco más de 400,000 en toda la campaña. Pero el límite de gasto, que también fija el INE, es de poco más de 220,000 pesos, o de 70,000 por mes.

Los partidos políticos tienen una cantidad de dinero público que no alcanza para hacer una campaña, pero pueden duplicar esa cantidad con donaciones (asistentes que no cobran, autos prestados, amigos que pagan las tortas o la gasolina). Sin embargo, ni con esos recursos es posible explicar de dónde sale el dinero para pagar las bardas, pendones, espectaculares y eventos públicos multitudinarios con artistas, regalos y comida para los asistentes.

 

Vacíos en la información

No hay manera de saber cuánto se gastan los partidos en las elecciones, aunque es posible tener la certeza de que superan por mucho lo que el INE les da (de nuestros impuestos) y lo que la ley les permite. En un rápido análisis del comportamiento del PIB, los semestres de elecciones sólo tienen efecto en tres áreas: servicios inmobiliarios y alquiler de bienes, servicios profesionales y servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos. El efecto ronda 0.3% del PIB, que en 2012 representó diez veces el financiamiento del INE y cinco veces el límite de gastos. Son estimaciones muy crudas, posiblemente resultado del azar. Posiblemente no.

Si el gasto en las elecciones es, como apuntaría la estimación cruda comentada, cercano a 50,000 mdp, mientras que el financiamiento público es sólo de 5,000, esto significa que por cada peso que se cuida hay nueve de los que no se sabe su origen. Una campaña de diputado federal costaría, siguiendo esta lógica, 600,000 pesos, y no 200,000, como el INE reglamenta.

Con 600,000, 200,000 al mes, ya suena lógico lo que vemos: los pendones, espectaculares y eventos multitudinarios. No es posible decir con certeza que ésta sea la cantidad que efectivamente gasta una persona que quiere obtener un cargo de diputado, pero sí parece más cercano a la realidad, que la cifra que el INE autoriza como gasto a los partidos políticos.

Por eso se les complica después actuar con honestidad. Si alguien les financia algún gasto de campaña, los candidatos contraen una deuda que tratarán de saldar con los privilegios y las prebendas de su puesto.

Afortunadamente, hoy ya se pueden discutir públicamente las cantidades que se reparten diputados de forma adicional a su sueldo. Ya también se hacen públicas propiedades de funcionarios federales. Ahora falta que esa misma atención sea dedicada a los gobernadores, presidentes municipales y todos los funcionarios que elegimos. Más aún, es fundamental que esa atención se dedique, en los próximos meses, a los candidatos en nuestros distritos. La propaganda que hacen, ¿se puede financiar con 70,000 pesos mensuales? ¿sus eventos? ¿su despliegue territorial?

Eso implicaría una reducción en el gasto nacional, que posiblemente ponga en problemas económicos a impresores, dueños de espectaculares, artistas, a quienes alquilan sonido, carpas y sillas, a proveedores de alimentos y bebidas, a muchos mexicanos que saben que están actuando al margen de la ley porque cobran en efectivo o porque facturan a empresas que nada tienen qué ver con los candidatos.

Dicho de otro modo, eso de exigir honestidad no va a ser fácil para miles, decenas de miles de mexicanos. Por eso construir un Estado de Derecho ha sido tan complicado en la historia del país. No es cosa del gobierno o de los políticos. No nada más. Es una decisión de la sociedad.

Reuters-Mexico-economia1

 

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