Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el proyecto de la dependencia para avanzar en la creación de la cédula de identidad, que incluye la petición de los datos biométricos de los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral.

El objetivo de esta reunión, según Sánchez Cordero, fue crear un primer diálogo para dar cauce al proyecto del Registro Nacional de Población (Renapo) para cumplir con el derecho a la identidad que está consagrado en la Constitución.

Para Samuel Bautista, consultor y analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), el hecho de que un gobierno tenga los datos biométricos de los ciudadanos, como pueden ser desde la huella dactilar, la forma de la mano, patrones que se pueden encontrar en el iris y la retina, forma de la cara, reconocimiento de la voz, incluso la dinámica de la firma, puede ser de gran ayuda aunque con sus limitantes y sobre todo poniendo cuidado en el tema de la ciberseguridad.

“Creo que si la información va a ser resguardada correctamente, cuidada, y que nos puedan garantizar esto, a mi me parece adecuado que los gobiernos cuenten con la información de sus ciudadanos. Y no solo eso, sino que esta información pueda ser utilizada de manera correcta, que no sea precisamente para que un gobierno se convierta en un Big Brother y vigile a la ciudadanía, si es con esos motivos, creo debe ser rechazado, pero si esa información te ayuda en tema de seguridad para poder identificar a las personas que han cometido algún delito, que han cometido alguna infracción y puedas tener toda la información relacionada, que puedas identificar rápidamente a la persona, me parece positivo, lo que quiero decir es que si el gobierno va a tener un padrón me parece adecuado, pero con limitantes en las formas que se usan”, señala en entrevista para Forbes México.

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En este contexto, hace unos días, Ciro Murayama, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México, se refirió a la petición por parte de la Secretaría de Gobernación, y dijo que como consejero, expresaba que quienes deben realizar la autorización de otorgar sus datos biompétricos son los ciuadanos y no el INE.

“Los consejeros expresamos que eso NO es posible: se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano. El INE autónomo protege tus datos”, dijo.

Esto va más allá de transferir o de compartir los datos de más de 90 millones de mexicanos, simplemente es un tema que aterriza en confianza y seguridad y en donde existen algunas áreas de oportunidad para México.

“En el tema de los biométricos es muy importante el tema de ciberseguridad porque si te roban la identidad, pierdes bastante información. El dato biométrico es algo que te identifica perfectamente, si te lo roban no va a haber manera de cambiar esa información, no es como cambiar una contraseña, si alguien te roba tu contraseña para ingresa a tu correo, pues la puedes cambiar, pero si alguien te roba información biométrica, es muy probable que te roben literal tu identidad”, señala el especialista.

Recomendaciones para la creación de un registro propio

Ante esta imposibilidad de que el órgano que preside Lorenzo Córdova, otorgue los datos biométricos al gobierno, y como él mismo señala, que esta decisión es meramente de las y los ciudadanos y el INE solo sirve como órgano de consulta para validar identidad de los usuarios de la banca, de los contribuyentes, de las personas que realizan trámites notariales, entre otros, el especialista analiza algunos escenarios en donde le gobierno podría obtener un propio registro de población.

“Lo cierto es que la Segob no necesariamente depende del INE ni de otra institución para poder generar un registro de población. Ellos podrían hacerlo por su cuenta, ellos podrían realizar por ejemplo, una campaña para la recolección de esta información biométrica y generar su propio registro, sin embargo, habrá que preguntarle a la gente si le va a confiar a la Segob su información”, dice el analista.

Enumera algunos puntos que le parecen relevantes para que el gobierno cuente con un propio registro:

1- Que tenga la infraestructura de ciberseguridad de la información

2- Saber si ellos cuentan con la confianza de los ciudadanos para recolectar la información

3- Tener un compromiso serio para generar este registro, para actualizar y mantener la base de datos que se genere a partir de la recolección de la información.

“No sé si el gobierno, la administración o el estado tiene la capacidad suficiente primero para hacer toda la relación de información, no sé si cuenten con la infraestructura de ciberseguridad para proteger esa información. Obviamente hay quien dice que la Constitución así lo pide, que tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad y que por eso deben tener un registro de todos nosotros, lo cual es muy cierto, pero eso no quita las dudas por parte de la ciudadanía, sobre si va a poder garantizar el cuidado de nuestra información, yo creo que son dudas legítimas”, detalla el especialista.

 

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