En los años recientes, hemos visto un preocupante proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas en México, que ha sido analizado desde diversas perspectivas, pero que hoy toma una mayor intensidad, debido a una decidida confrontación desde diversos espacios de decisión pública.

La desdemocratización planteada por Charles Tilly (Democracy, Cambridge University Press, 2007) como un mecanismo de erosión de la democracia, en conjunto con sus estructuras, funciones, libertades, reglas, legitimidad, etc., puede ser observada en México, prácticamente desde el momento mismo del cambio de un partido en el gobierno a otro, en el año 2000. La decisión del entonces presidente Fox de no realizar acciones profundas que marcaran una diferencia con los sexenios priistas anteriores, inició un proceso de fortalecimiento de los grupos que buscaban revertir las condiciones de transición política.

En los sexenios subsecuentes, a pesar de que se habían firmado acuerdos para la construcción de organizaciones y reglas democráticas, se simuló su instrumentación, como en el caso del servicio civil de carrera cuyo objetivo era evitar que las administraciones consideraran los cargos públicos como un botín político y se iniciara así un proceso de profesionalización de la administración pública. Sin embargo, se construyeron estructuras administrativas alternas, con dobles espacios de autoridad que terminaron por hacer del servicio un sistema accesorio a las estructuras reales de poder.

En el caso de otros mecanismos multilaterales que comprometían al país a instrumentar estrategias de gobierno abierto, asumiendo al gobierno como los tres poderes, como un medio para fortalecer las estructuras democráticas y fomentar la participación colectiva no electoral, los avances fueron en forma, pero no de fondo, pues el entramado burocrático que se ha generado para darles sentido ha hecho mucho más tortuoso el ejercicio de derechos.

Por ejemplo, el sistema anticorrupción, parte del supuesto de que la corrupción es una práctica generalizada y permanente, que debe ser combatida a través de la cooperación de todas las estructuras administrativas, en un sistema complejo con diversas dimensiones de decisión político-administrativa. Sin embargo, un esquema de este tipo no permite enfoques distintos que permitan hacer un combate más eficiente a las prácticas corruptas, asumiéndolas como delitos, reduciendo la impunidad, y generando protección a los programas públicos que se instrumentan, con un enfoque de riesgos donde la corrupción es uno de ellos.

Lo que ocurre en la administración actual, donde pareciera que el presidente lucha de manera frontal con estructuras que le compiten espacios de decisión, es sólo el clímax de una condición que ha ocurrido desde hace varios años, donde podemos ver un proceso sistemático de desmantelamiento de reglas y prácticas democráticas. El uso de las organizaciones de procuración de justicia, la aplicación discrecional de la ley, el cambio de leyes para favorecer a actores en particular, etc., son síntomas de los últimos sexenios, incluyendo el actual. Si bien ahora es de una manera abierta, es importante mencionar que la simulación y la omisión, tienen un efecto tan pernicioso sobre dichas reglas y prácticas, como la lucha frontal del presidente López Obrador contra ellas.

El problema, es que los actores políticos no parecen comprender la relevancia del régimen democrático, en conjunto con la estructuración de la República, como los factores más relevantes que dan solidez a las decisiones del gobierno, que al mismo tiempo permiten instrumentar soluciones públicas legítimas y eficientes. La confrontación y la división no es el problema porque son parte de la estructura política de una sociedad compleja, como la mexicana, pero si es un problema cuando se busca acabar con los espacios de interacción democrática.

 

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