A lo largo de las décadas recientes, el Estado mexicano ha construido un andamiaje jurídico y técnico que permite que las decisiones de gobierno tengan no únicamente fundamento y motivaciones concretas, sino también capacidades técnicas que permitan generar valor público para la ciudadanía. Es por ello que, desde 1934 con el Plan Sexenal, la Constitución prevé la configuración de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que permita dar orientación, contenido y priorice los elementos fundamentales sobre los cuales el gobierno tendrá que funcionar.

De acuerdo a la Ley de Planeación, el presidente debe enviar al Congreso una propuesta de PND a más tardar el último día de febrero, pero llama la atención que ya pasaron más de 60 días desde que el presidente López Obrador tomó protesta, estamos en el mes en que debe enviar el documento y no se ha planteado nada sobre la configuración de dicho plan u otros que son fundamentales para asignar recursos a programas sectoriales y las acciones que derivan de ellos, asegurando los espacios de planeación y evaluación que la política pública requiere, por lo menos en el contexto de las buenas prácticas.

En las conferencias de prensa matutinas del presidente, se han anunciado diversos planes, como el de seguridad, salud, vivienda, Pemex, etc., pero no hay documentos que los avalen, sino únicamente los discursos del presidente y las declaraciones de las y los funcionarios en distintos momentos. Ante ello, quienes toman decisiones en los espacios públicos y privados, incluyendo a las y los ciudadanos, no tenemos los elementos fundamentales para saber qué ocurrirá en términos de política pública y asignación de recursos durante los siguientes cinco años, por lo menos, aunque la ley requiere que se planteen acciones y estrategias a 20 años.

No únicamente eso, sino que formalmente las acciones de la administración pública encuentran fundamento legal en los mecanismos de planeación planteados por la Constitución y por la Ley de Planeación, mismos que aportan los elementos sobre los cuales las distintas dependencias de la administración pública deben orientar sus acciones, para la consecución de los fines planteados en dichos mecanismos de planeación. Pero no únicamente eso, sino que la existencia de planes da sustento a las necesidades presupuestarias para su cumplimiento, mismo que está supeditado a los objetivos, metas e indicadores planteados en los mismos.

La misma ley plantea la participación social en la elaboración del Plan, por lo que, a menos de que se simule dicha participación, ya no sería posible realizar un mecanismo serio que de sustento a la propuesta que el presidente haga al Congreso. El problema no es menor, pues la ley dice que se deben incorporar diagnósticos sobre los cuales se construyan las acciones propuestas, pero, hasta ahora, los únicos diagnósticos son aquellos que el presidente ha dado en sus discursos, pero sin que se conozcan estudios que permitan entrar a una discusión sobre las acciones estratégicas que realmente se requieren para asegurar el desarrollo del país.

En ese sentido, los temas que la administración del presidente López Obrador ha planteado, se han referido a acciones inmediatas, como la guerra contra el huachicol, o el cumplimiento de sus promesas de campaña, como la guardia nacional o la centralización de los servicios de salud, etc., pero ya en términos del funcionamiento cotidiano de la administración y sus objetivos prioritarios, no encontramos referentes reales que den sustento a la acción de la administración pública. El problema será para las y los funcionarios que tengan que ejercer recursos, porque sin fundamento legal para ello, podrían ser objeto de sanciones, pero el problema más relevante es para la ciudadanía, pues sin un plan de mediano o largo plazo, no habrá viabilidad para el desarrollo social o económico.

 

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