La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación 2024, la cual tuvo modificaciones a la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador; ésta prevé ingresos por 9 billones 066 mil 45.8 millones de pesos para el siguiente año.

Con 260 votos a favor de Morena y aliados, 183 en contra de la oposición y una abstención se aprobaron 3 reservas, de las 778 que se presentaron en la discusión, la cual duró más de 15 horas. Estas modificaciones las presentaron los diputados afines de Marcelo Ebrard, el PT y el PVEM.

Uno de los cambios fue al artículo 21 que propuso diputado Carol Altamirano; esta propuesta antes fue presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que obtuvo el aval de la dependencia.

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Esta modificación establece que la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para ahorradores y quienes inviertan en instrumentos gubernamentales, como Cetes o bonos será de 0.5% y no 1.48% como planteó originalmente por la SHCP.

Esto significa que por cada mil pesos de rendimiento, no se cobrarán 14.8 pesos, sino cinco pesos. Actualmente la tasa es de 0.15% (1.5 pesos), por lo que la oposición insistió en que se mantuviera igual.

“Presentamos la reserva con la que se evita un golpe a la economía de miles de ahorradores. Reconocemos la apertura de la Secretaría de Hacienda y la intervención del coordinador Ignacio Mier para abrir diálogo con el Poder Ejecutivo”, dijo el diputado Carol Altamirano, afín a Marcelo Ebrard.

Otra reserva que pasó fue la que presentó la diputada petista Lilia Aguilar, la cual modificó el artículo 22 para reducir la carga fiscal de Pemex de 40% a 30%.

“(Esto) permitiría fortalecer a Pemex en su posición financiera, que exista un mejor perfil de su deuda, estabilizar la caída de la producción observada en años previos, mejorar las perspectivas de producción futura y que haya mayor producción y mayores ingresos a la actividad petrolera”, señaló la legisladora.

La tercera reserva fue para establecer que las operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones que realicen las empresas productivas del Estado no constituyen una enajenación para efectos fiscales: es decir, que no sea interpretada como una venta.

La minuta fue enviada al Senado para su discusión y votación, la cual debe ser a más tardar el 30 de octubre.

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