Con 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que endurece el castigo a la defraudación fiscal, como la emisión de facturas falsas, para que ésta sea tipificada como “delincuencia organizada” y amerite prisión preventiva.

En días pasados, tanto las comisiones de Hacienda y Justicia de la cámara baja, como el Senado de la República aprobaron el dictamen.

Dicha iniciativa contempla cambios en las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional, así como en los códigos Nacional de Procedimientos penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, con el objetivo de considerar la operación de empresas como una amenaza de seguridad nacional.

Tales cambios prevén sanciones de dos a nueve años de prisión a toda persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además, ameritará prisión preventiva cuando al menos participen tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804,230 pesos.

Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a pesar de estar a favor de una mayor recaudación y el castigo de ilegalidades, se manifestaron en contra del dictamen, al cual calificaron como injusto para los contribuyentes, ya que atenta contra el principio de presunción de inocencia. 

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