La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá asignar a las entidades paraestatales la autorización para administrar y operar aerolíneas.
Con lo anterior, se le permitiría a la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), operar la nueva aerolínea que el gobierno federal pretende lanzar, la cual estará lista a finales de 2023 y se recuperaría el nombre Mexicana de Aviación.
“La persona titular de la Secretaría puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sin sujetarse al procedimiento de licitación pública para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos”, señala la propuesta que reforma la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos.
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Agrega que la vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido y sólo concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguarda, o por razones de seguridad nacional.
La minuta avalada con 256 votos a favor y 219 en contra menciona que la entidad asignataria -es decir la paraestatal Olmeca-Maya-Mexica- tendrá las mismas obligaciones que las personas concesionarias, pero no puede transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas.
En la discusión de esta reforma, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal resaltó que con esta reforma se están violando las leyes de competencia económica, “porque existe una ley que impide que le demos el control de insumos estratégicos a los mismos prestadores de servicios, y al eliminar el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos, estamos abriendo la posibilidad que una línea aérea pueda ser propietaria de más del 5% de las acciones de un aeropuerto, generando claramente un problema de concentración de mercado”.
En tanto, el perredista Mauricio Prieto Gómez enfatizó que está comprobado que el gobierno federal es incapaz de operar una aerolínea aérea y mencionó que la centralización del poder en la entidad gubernamental puede llevar a que no haya transparencia en la gestión de los servicios del transporte aéreo, lo que puede resultar en una baja en la calidad de servicios y en tarifas altas.
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