Después de más de 10 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial de la Federación, en las cuales se establece la ampliación por dos años de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una de los artículos aprobados menciona, que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial, “la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.
Lo anterior significa que el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN terminaría en 2024 y no en 2022 como se menciona en la Constitución.
Tras haber iniciado la discusión del dictamen cerca de las 11 de la noche de ayer jueves, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular estas leyes con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.
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Durante la discusión de estas reformas, el morenista Porfirio Muñoz Ledo acudió a la Cámara de Diputados después de un año de confinamiento por la pandemia por Covid-19. En su intervención en tribuna de cerca de una hora y 20 minutos, demandó a su bancada no aprobar este artículo que amplia la presidencia de Zaldívar.
“Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático, y no una República autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”, dijo.
Aunque se presentaron más de 500 reservas, no se modificó nada y fue avalada tal como llegó del Senado.
También aprobaron nuevas reglas para jueces y magistrados
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación avalada también establece sanciones a los jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo o corrupción y se extiende a particulares y empresas que resulten implicadas.
En estas disposiciones se menciona que las sanciones van desde amonestación privadas hasta inhabilitación de 20 años a los servidores públicos; en tanto, quedarán disueltas las empresas involucradas y los particulares quedarán inhabilitados temporalmente para participar en adquisiciones.
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Las investigaciones por presuntos hechos irregulares de funcionarios judiciales se podrán iniciar por quejas de particulares o de otras autoridades, aunque no pertenezcan al Poder Judicial, y en este caso, le corresponde a la presidencia de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja.
Se sostiene que con esta ley se privilegiará la “presunción de inocencia” de los implicados y se garantizará el derecho de audiencia a las personas involucradas.
Estas normas son las leyes secundarias de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021.
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