Las viviendas deberían ser una garantía a la salud, medios de vida, condiciones para la educación y el trabajo, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Mexicana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo hasta el 70% del stock físico de una casa se construye por las propias familias, quienes se enfrentan a diversas barreras.

“Estas familias tienen que navegar en este sistema donde tienen que encontrar los materiales, mano de obra y combinarlos para sus servicios de construcción o ampliación. Así como buscar como financiarse en el sector informal, a veces en el formal y buscar el suelo, ubicación e infraestructura, otros elementos que pueden dificultarles el acceso. Al no encontrar suelos se ven forzados a invadir“, explicó Mónica Ramírez, directora de Humanidad América Latina y el Caribe durante el Smart City Expo Latam Congress.

Como no es excepción, la pandemia de Covid-19 y el confinamiento agravaron aún más las condiciones de las viviendas en México y América Latin, región donde 150 millones de personas viven en asentamientos informales que no presentan la infraestructura adecuada, agua y saneamiento ni condiciones de salubridad.

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“En la vivienda y el acceso a la ciudad hay una gran inequidad y como todos nos podemos imaginar esas inequidades se han agudizado: la Cepal nos informó que la pobreza ha aumentado a niveles que teníamos hace 10 o 12 años en América Latina y que el impacto del cierre ha incrementado aún más la informalidad. Las familias desde el punto de vista de la vivienda se han hacinado aún más incrementado la informalidad y precariedad”, agregó Ramírez.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para 2050 la población aumente en 2,000 millones de habitantes, donde 7 de cada 10 vivirán en las ciudades, lo cual representa desafíos en el acceso a la vivienda digna y saludable.

La experta recomendó que los gobiernos deben impulsar oportunidades de vivienda en alquiler o compra, así como promover en sus planes de ordenamiento las soluciones y evitar la dificultad de los trámites.

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“Una de las barreras había sido el aspecto económico para llegar a una vivienda adecuada es que veces se tardaban hasta 30 años en tener una vivienda y con el financiamiento se busca adaptar. Sin embargo, las familias realmente no están teniendo acceso a estos subsidios y una de las razones que encontramos en nuestro estudio es que no están pensadas para que las familias naveguen por este subsidio y una de las barreas es la tramitología”, indicó..

La oportunidad de conectar a las viviendas con la ciudad evitará también que las familias entren a la solución informal, por lo que las barreras de acceso deben solucionarse de forma simultánea y sinérgica, de acuerdo con la experta.

“Los gobiernos locales tienen un papel enorme en proporcionar oportunidades de acceso al suelo para vivienda o oportunidades de vivienda en alquiler, para ello deben promover en sus planes de ordenamiento, asignar estos espacios y planificar los desarrollos que en muchos casos van a ser innovadores y no se trata de las viviendas multifamiliares de siempre”, finalizó Ramírez.

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