El capitalismo de amigos, o las redes de políticos y empresarios que hacen negocios y se distribuyen las utilidades, es, hoy en día, un tipo de corrupción que entra en la clasificación de corrupción colusiva.
Esta variante del capitalismo siempre ha estado presente en el mundo capitalista, y no en todos los casos ha implicado prácticas corruptas ni distribución de utilidades entre las partes.
En algunos periodos, incluso, sirvió para favorecer la estabilidad económica y fortalecer la formación del Estado, corrigiendo limitaciones institucionales, como incertidumbre contractual, carencia de información o derechos de propiedad inseguros, en un entorno de debilidad de las instituciones formales.
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Tal fue el caso del Porfiriato (1876-1911) para México.
En la actualidad, la mayoría de las economías, desarrolladas y en desarrollo, operan dentro de un capitalismo de amigos, pero en distintos grados. Incluso, detenerlo completamente y de tajo, además de ser muy complejo, frenaría la operación de sectores en donde estas prácticas están totalmente arraigadas.
En este sentido, para controlarlo es necesario seguir fomentando el uso de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que han sido establecidas para limitar la corrupción desde su origen.
En el caso mexicano, se crearon los sistemas anticorrupción nacional y loca- les con esta finalidad, los cuales se deben ir adecuando y ajustando en la práctica para su fortalecimiento. Sin embargo, la utilización de estos sistemas no ha sido prioritario para el Gobierno Federal encabezado por Morena, lo que también ha tenido graves consecuencias en la implementación de estos sistemas a nivel local.
En este sexenio, es evidente que sigue saliendo a la luz pública una serie de irregularidades de administraciones anteriores, relacionadas directamente con el capitalismo de amigos, que muestran abusos y excesos muy importantes en los niveles federal y estatal.
Esto se puede observar en investigaciones recientes que involucran, por mencionar algunos, a los sectores salud, energético, educativo, de comunicaciones y de la construcción.
Otras investigaciones incluyen el descubrimiento de redes más amplias de corrupción, que implican a varias instituciones, como la llamada “Estafa Maestra”.
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En la mayoría de los casos investigados, se utiliza un modus operandi que considera empresas fantasma, facturas falsas, concursos de adquisiciones amañados y prestanombres; y la finalidad de estos procesos corruptos, además del enriquecimiento individual de las partes involucradas, tanto del sector privado como del público, muchas veces incluye el financiamiento de campañas electorales.
¿CÓMO HA AVANZADO EL CAPITALISMO DE AMIGOS EN LA 4T?
Sin duda, el Gobierno Federal sigue mostrando cercanía con empresarios surgidos de administraciones pasadas, empezando por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; Carlos Slim (América Móvil, Grupo Carso); Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca, Grupo Elektra); y Emilio Azcárraga (Televisa), entre otros. Además, su relación con otros empresarios también fortalecidos en gobiernos anteriores, como Alberto Baillères (Grupo Bal), Alejandro Ramírez (Cinépolis), Daniel Servitje (Bimbo), Alfredo Harp (comercio), Roberto Hernández (Hypermarcas) y Germán Larrea (Grupo México), se ha vuelto más cordial.
Esto es entendible, pues son algunos de los más importantes generadores de empleo en el país y cuentan con el capital para realizar inversiones que involucran grandes sumas de dinero, como algunos de los proyectos que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto.
Sin embargo, esto también puede limitar cambios estructurales de largo plazo, pues son empresarios que se formaron en un entorno institucional que los favoreció, no sólo por los contratos millonarios recibidos, sino también por la importante condonación de impuestos a sus empresas.
Debe pensarse también en la injerencia que han tenido en la creación y modificación de leyes que los benefician, o la excepcionalidad de la que histórica- mente han gozado en el cumplimiento de normas y regulaciones que, en cambio, sí se han aplicado a la mayoría de los empresarios medianos y pequeños.
De hecho, algunos de los grandes empresarios mencionados, cuando han in- tentado hacer negocios fuera del entorno latinoamericano que los privilegia, no han tenido tanto éxito. Por ejemplo, cuando Slim intentó ingresar al mercado estadounidense, a inicios del nuevo milenio, a través de la adquisición de CompUSA, eventualmente fracasó, además de que fue multado por prácticas monopólicas.
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Entonces, el que el Ejecutivo Federal siga dando juego a los grandes empresarios de la vieja guardia puede limitar que las transformaciones que plantea su nuevo régimen sean irreversibles, al estarles garantizando su permanencia en la élite del poder.
Y esto no es exclusivo del sector empresarial. El presidente enfrenta el mismo dilema con algunos políticos que ha reclutado, surgidos de regímenes anteriores, pues éstos tienen antecedentes de malas prácticas y están acostumbrados a ello, aunque también tienen la experiencia que se requiere en la gestión política. Un caso que ha des- tacado recientemente es el del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
El presidente ha necesitado de elementos de esa “mafia del poder” que tanto criticaba, lo que pone en riesgo los objetivos de su 4T.
Hay otros empresarios ligados a regímenes anteriores que no han participado en la red de AMLO y que proponen explorar nuevos modelos de nación, como Claudio X. González Guajardo, presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y cuyo padre, Claudio X. González Laporte, presidió el Consejo Mexicano de Negocios, instituciones que, por momentos, han confronta- do abiertamente a AMLO.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró como negativo el balance del primer año de gobierno de AMLO, al que calificó como “altamente destructivo de la inversión en el país”, y urgió al presidente a afrontar los problemas graves que padece el país, como la inseguridad y corrupción, así como detener la destrucción del Estado de derecho y los organismos autónomos.
En esta misma línea crítica se encuentran numerosos medianos y pequeños empresarios que se hicieron en otras administraciones y que no están siendo beneficiados por el gobierno de AMLO y, por lo mismo, rechazan su régimen.
Por otra parte, la 4T también ha establecido redes con empresarios nuevos y desvinculados de los beneficiados por gobiernos anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con la investigación “Crean negocios al vapor para ganar contratos con el gobierno de AMLO”, hecha por la organización independiente Quinto Elemento Lab, publicada en marzo de 2020, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 se crearon al menos 171 compañías, que conforman una nueva red empresarial de la Administración Federal actual.
Estas empresas recibieron transferencias económicas por 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la administración de AMLO.
El grave problema que surge es que, de los 561 contratos gubernamentales que estas compañías obtuvieron durante el primer año de gobierno, 70% fueron adjudicados directamente.
Otras investigaciones han señalado que la Administración Federal ha adjudicado directamente, en total, 75% de los contratos de adquisiciones. Esto va en contra del Artículo 134 Constitucional, que establece a las licitaciones públicas como la norma para otorgar contratos.
Aunque la Ley de Adquisiciones y la de Obra Pública permiten la adjudicación directa de contratos y la invitación a cuando menos tres personas, estas modalidades son consideradas como excepcionales, de acuerdo con estas mismas leyes federales, lo que también está establecido en las leyes estatales equivalentes.
LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE AMLO
Estos datos nos permiten corroborar lo que tanto se ha criticado del régimen de López Obrador: que, a la par que debilita la institucionalidad del país, ha buscado construir una nación que gire en torno de su persona, fomentando que se legisle en función de sus deseos y necesidades, y en donde, además, la discrecionalidad impera sobre las reglas.
Este debilitamiento institucional es precisamente el mal principal que causa el capitalismo de amigos que tanto ha criticado AMLO. Es decir, el mayor problema de la corrupción colusiva radica en que los individuos beneficiados, tanto de la élite económica como de la política, tienen la posibilidad de actuar por encima de la ley, sin seguir las reglas.
Es decir, esta forma de capitalismo, que, en un principio, fue un mecanismo que ayudó a la mayoría de los países a lidiar con sus debilidades institucionales, como sucedió durante el Porfiriato, con el paso de los años se transformó, en el caso mexicano, en un mecanismo de sometimiento y control de las instituciones formales a través de poderes fácticos, que ejercen empresas monopólicas, actores políticos nacionales o caciques regionales.
Durante los meses de gobierno de AMLO, hemos observado cómo actúa
por encima de las instituciones formales, incluida la ley, no sólo en la asignación de contratos gubernamentales, sino también fomentando el debilitamiento de los organismos autónomos, que surgieron, en parte, para fraccionar el poder tan concentrado en la figura presidencial, mediante la cesión de facultades regulatorias y gubernativas; y el de los organismos de la sociedad civil, algunos considerados por AMLO como agentes del neoliberalismo.
Además, el presidente ha tenido injerencia en la política anticorrupción, utilizándola de manera discrecional en contra de sus opositores, los opositores de sus más allegados, o de quienes no son de su agrado.
Esto es evidente en los casos de las detenciones de exfuncionarios, como Rosario Robles, Emilio Lozoya y gente cercana a Miguel Ángel Mancera; o de Juan Collado, abogado cercano a varios de sus principales enemigos políticos, sin negar, desde luego, que ellos puedan ser responsables de actos total- mente inadmisibles.
Por otra parte, apoya a muy cuestionados funcionarios de su equipo, como Manuel Bartlett y Alfonso Romo, por nombrar a dos entre varios más.
Finalmente, nadie niega la autenticidad de la hostilidad que pueda sentir López Obrador por la corrupción colusiva de regímenes anteriores. Incluso, algunos de sus argumentos pueden ser válidos. Por ejemplo, las adjudicaciones directas pueden, en efecto, limitar la corrupción, si quien las autoriza es alguien bien intencionado, honesto y que pone al bien común por encima de sus propios intereses.
La realidad es, sin embargo, mucho más compleja. Nadie garantiza que los que sucedan a AMLO en la presidencia, aun-que proviniesen de su movimiento político, Morena, actuarían de la misma forma “honesta”, como él se califica a sí mismo. Es decir, no hay dos López Obrador. Y este argumento se refuerza ante la evidencia de que su régimen se ha tenido que apoyar en elementos de la vieja guardia, tanto políticos como empresariales, de dudosa reputación, para poder gobernar.
Así, la nueva “institucionalidad” que ha construido la presente administración, que hasta ahora recae principalmente en la persona de López Obrador, tiene la misma fecha de caducidad que su periodo de gobierno.
Si realmente quiere dejar prácticas perdurables, el presidente tendrá que concentrarse, en los años que le quedan al frente del Ejecutivo, en construir una legalidad que aproveche las instituciones existentes, mejorándolas, fortaleciéndolas y adecuándolas a la nueva y más plural realidad actual.
Además, las instituciones del país deben mantener el blindaje o límites para que un poder no sobrepase a los demás, evitando, así, que se vuelva a concentrar en la figura presidencial, como ha sucedido en México en diversas etapas de su historia como nación independiente.
Por: JOSÉ GALINDO, ESPECIALISTA EN HISTORIA DE AMÉRICA LATINA, CAPITALISMO DE AMIGOS Y CORRUPCIÓN
