El “impuesto al refresco” es un síntoma más de la locura en que se ha convertido nuestro monstruoso aparato fiscal, como consecuencia de un Estado obeso que estorba al crecimiento económico y desarrollo nacionales.

 

Esta semana comentamos en el artículo “¿Debemos prohibir las carnes procesadas o legalizar las drogas?”, que la penalización de éstas bajo los argumentos principales de que “hacen daño” y “causan adicción”, es hipócrita y arbitrario. Ironizamos respecto a que, bajo esa lógica, otras sustancias nocivas deberían prohibirse también, como el tocino, las salchichas o el jamón, pues la Organización Mundial de la Salud ha revelado que producen cáncer en humanos.

Asimismo, expusimos la incongruencia de que drogas legales aún más adictivas y mortales que, por ejemplo, la mariguana –como lo son el alcohol y el tabaco–, estén permitidas e incluso gocen de aceptación social.

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Desde luego, no es que queramos aquí que se vuelva ilegal tomar tequila, comer carnes frías o fumarse un cigarro. Todo lo contrario. Cada persona adulta debe asumir su responsabilidad y poder consumir lo que desee, incluso si “hace daño”, como la carne o los refrescos.

Por desgracia, nunca faltan los grupos de “notables”, expertos o personalidades que pretenden imponernos desde las ONG o el gobierno, lo que consideran “bueno” o “mejor” para todos.

Es el caso del llamado “impuesto al refresco”, una buena muestra de cómo a veces, con supuestas buenas intenciones, se pueden cometer desde injusticias hasta grandes atrocidades. Por eso debe tenerse cuidado.

El “impuesto al refresco” es injusto, arbitrario y discriminatorio como todos los IEPS (Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios). En particular, gravar las bebidas azucaradas con el propósito explícito de reducir su consumo, no sólo es un atentado contra las empresas que los producen –pues de forma artera se pretende afectar sus ingresos–, sino contra los consumidores.

De nuevo, bajo ese razonamiento, quizá no tarden en salir a proponer un IEPS a la carne procesada y roja para disminuir su consumo, y con ello buscar reducir la incidencia de cáncer. Otro absurdo.

No obsta subrayar que los más afectados no son los consumidores de mayores ingresos –que pueden afrontar sin problemas alzas de precio–, sino los menos favorecidos a los que dicen querer beneficiar. Éstos, al encarecerse artificialmente esas bebidas, por supuesto que en alguna medida se verán obligados –y ahí radica la injusticia– a dejar de consumir tal o cual producto o a sustituirlo.

De nuevo, lo anterior se comete con la idea de que “es por su bien”, para que “no se enfermen”. Han decidido, pues, hacerles el favor de cuidar sus bolsillos y los del gobierno, pues, aseguran, al estar más sanos ya no tienen que dedicar recursos innecesarios a gastos médicos ni medicinas.

Esta visión paternalista se suele apoyar en estudios científicos que, aseguran, confirman lo dañinas que son este tipo de bebidas. No se duda de ello. Este analista, por ejemplo, evita al máximo beber refrescos. El punto, de nuevo, es que la decisión en libertad de qué se toma o no, debe corresponder en exclusiva al individuo adulto.

Por cierto, se suele argumentar que con este tipo de políticas impositivas se protege en especial a los niños.

Los apologistas de este tipo de medidas pasan por alto, a conveniencia, que son los padres de esos menores quienes deben decidir lo que sus hijos pueden o no beber. Nadie más.

La responsabilidad, pues, de lo que se ofrece a los menores en las escuelas corresponde nada más a los padres de familia de la comunidad escolar de que se trate. No es “papá gobierno” ni los grupos de “notables” de la sociedad civil quienes deben imponer su criterio, pues esto viola el más elemental principio de justicia: el de libertad.

Todo impuesto implica una confiscación de la propiedad privada, y justo por ello, los gravámenes deben ser los mínimos posibles. Pero el “impuesto al refresco” es un síntoma más de la locura en que se ha convertido nuestro monstruoso aparato fiscal, como consecuencia de un Estado obeso que estorba al crecimiento económico y desarrollo nacionales.

Por desgracia, todo indica que en la actual administración ningún IEPS desaparecerá ni el resto de tributos va a disminuir. Cuando entendamos que el problema no es de ingresos, sino del excesivo gasto público y de falta de libertad, habremos dado el primer paso decidido hacia delante. Por ahora, eso seguirá siendo un sueño.

 

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