Por Julio Sánchez Onofre

BARCELONA, España. Si las autoridades de Estados Unidos terminan por obligar a Apple a permitir que el gobierno tenga acceso a los datos y comunicaciones cifradas de los iPhones, bajo el argumento de investigaciones relacionadas con el terrorismo, podría ocurrir el mismo fenómeno que se registró en 2010 con Stuxnet, el malware creado por los gobiernos estadounidense e israelí que buscó boicotear el plan nuclear de Irán.

Este programa malicioso, al final, terminó por diseminarse a escala mundial, infectando la infraestructura crítica del sector energético al actuar sobre los sistemas SCADA, y poniendo en riesgo a empresas como Pemex en México.

“Cuando los gobiernos quieren pelear contra los malos, es absolutamente normal que quieran intentar reducir las áreas de protección e implementar backdoors que de alguna forma reduzcan el nivel de cifrado, pero no es como debe funcionar. Es como crear un malware que lo haces para pelear y espiar a los “malos”, pero no es posible controlar. Cuando creas el malware, se distribuye sin control y comienza a afectar a una persona normal”, explicó Sergey Lozhkin, investigador senior de Seguridad en Kaspersky Lab.

La disputa legal entre Apple y el gobierno de Estados Unidos se dio por el debate acerca de si la compañía californiana debería ayudar a la FBI (Agencia Federal de Investigación) a acceder a la información que se encuentra cifrada dentro del iPhone de uno de los atacantes tras el tiroteo masivo ocurrido en San Bernardino, California, en diciembre de 2015.

La pregunta en la esfera local es si las autoridades mexicanas están preparadas para proteger a los usuarios de Apple en México.

Un Estado tiene como obligación proteger la integridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la integridad, privacidad y secrecía de sus comunicaciones.

De acuerdo con la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Apple tiene una participación en el mercado mexicano de 15% respecto a los 52.6 millones de smartphones que existen en el país.

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Durante breves encuentros sostenidos en los pasillos del Mobile World Congress (MWC) con autoridades mexicanas y la asociación GSM (Grupe Spécial Mobile, que representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo), Forbes buscó su perspectiva y algún posicionamiento sobre la posibilidad de que llegaran a México teléfonos de Apple con backdoors instalados, o que se integraran de forma remota mediante actualizaciones del sistema operativo a los ya existentes en el mercado.

 

Estas fueron las respuestas:

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Pregunta: El caso de las autoridades de Estados Unidos, la FBI, pidiendo a Apple que desbloquee los teléfonos, ¿cuál sería el posicionamiento del gobierno mexicano?

 

Respuesta: Por lo pronto no tenemos solicitud alguna (sic) y no tenemos posición alguna. Si la llegara a haber, ya veremos qué hacemos.

Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Pregunta: En el caso Apple-FBI. Si las autoridades estadounidenses determinan que los dispositivos deben tener un backdoor, serían dispositivos que se comercializan en todo el mundo incluyendo México. ¿Se tiene contemplado hacer algo o se puede hacer algo para proteger a los usuarios de esta medida?

Respuesta: Nuestra ley prevé cuáles son las condiciones a través de las cuáles alguien puede tener acceso a este tipo de comunicación o información. No hay otra. La ley establece claramente: las comunicaciones son inviolables, se requiere autorización de la autoridad judicial para poder tener acceso a una comunicación de otro, lo dice la ley clarísimo: ninguna comunicación puede ser accesible para nadie más si no es con autorización judicial.

Pregunta: Pero con esta puerta trasera, ¿se van a poder comercializar estos dispositivos que tengan un backdoor, por ley estadounidense, o van a requerir algún cambio?

Respuesta: Me parece que de repente puede ser fácil caer en una confusión. Los dispositivos que se comercializan en México tienen que pasar por una homologación en México. Esto no significa que el dispositivo esté mandando señales y comunicación en ese momento; lo haría a través del espectro mexicano o a través de redes en nuestro país, y eso está sujeto a requisitos, y uno de ellos es la autorización judicial, es decir, lo que se ha discutido es si algún dispositivo puede tener una aplicación para esa jurisdicción. En nuestro país, a través de nuestro espectro, nuestras comunicaciones y nuestras leyes, se requiere autorización judicial.

 

Sebastián Cabello, director para Latinoamérica de la asociación GSM

Pregunta: La posibilidad de que obliguen a esta empresa (Apple) a crear backdoors en sus dispositivos, y son dispositivos que también se encuentran en la región, ¿qué camino queda o cuál debería ser la posición de América Latina?

Respuesta: El gobierno de Estados Unidos y Apple tienen la suerte de estar bajo la misma jurisdicción; sin embargo, el gobierno de Brasil o el de cualquier otro país tiene que discutirlo con Apple, enseguida tiene jurisdicción en ese país. Lo que va a pasar es un poco más parecido a lo que pasó con WhatsApp con el caso de Brasil, donde un juez va a pedir una información y quizá no va a estar disponible, por lo cual sólo mediante un exhorto puede haber una respuesta oficial, y si no hay porque esa empresa no responde a su propio gobierno, entramos en las complejidades del mundo digital y veremos qué pasa.

 

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