Varios hechos se han sumado en las últimas semanas para decir que hay conflictos de interés en la 4T. El más mediático de todos, la renuncia de Carlos Urzúa y la carta por la que dio a conocer al público su decisión, en particular cuando señala la imposición de funcionarios “…motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. Días después Urzúa le ha puesto nombre al destinatario cuando habla de conflicto de interés: Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Un segundo hecho tiene que ver con la renuncia de Carlos Lomelí como delegado del gobierno federal en Jalisco, luego de que una investigación lo vinculara con una red de empresas farmacéuticas que ha tenido contratos millonarios con los gobiernos desde 2012, incluyendo a diversas dependencias federales y al gobierno de Veracruz, a través de adjudicaciones directas. Tras conocerse esta renuncia, la SFP escribió en Twitter que “En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T…”.

Y en esta lista podríamos sumar la relación profesional del fiscal general Gertz Manero con el abogado Javier Coello, vínculo que probablemente nunca imaginaron tendría que ser revelado.

Aún antes del inicio formal de esta administración, compiten narrativas opuestas entre sí: por un lado, el discurso del presidente y su gabinete de que en tiempos de la 4T se terminaron el influyentísimo y el nepotismo, por el otro, las advertencias de que cada vez son más los casos de integrantes o colaboradores del gobierno con claros conflictos de intereses que están al margen de la legalidad. Se entiende la intencionalidad política cuando se pretende equiparar conflicto de interés con corrupción. Lo llamativo, sin embargo, es que este vendaval de críticas es generado justamente por el discurso del presidente sobre corrupción y la forma de resolverla, vía la honestidad y la moral de los gobernantes. Así, paradójicamente, esta concepción que el mismo presidente ha venido fomentando está siendo usada para descalificar la estatura moral de quienes acompañan el proyecto de la 4T y, por ende, para afirmar que hay corrupción desde las entrañas del gobierno.

El punto aquí es que conflicto de interés no es igual a corrupción. Sin embargo, ello no debería despreocupar al gobierno federal, sino más bien obligar a considerar estos hechos como señales de que es necesario reorientar su visión de Estado contra la corrupción y la impunidad.

Hasta hace poco, escuchábamos de parte del titular de la CFE de un “absoluto conflicto de interés” de parte de una decena de exfuncionarios que habían ingresado a empresas y consejos consultivos. A unos meses de distancias, las mismas críticas se dirigen ahora hacia adentro del gobierno federal. En este contexto recordemos que conflicto de interés existe cuando los intereses personales o privados interfieren o parecen intervenir con las responsabilidades públicas del servidor o funcionario, por lo tanto, un conflicto de interés no necesariamente es un hecho irregular, sino la manera en que éste se administra. Incluso, puede resolverse con tan solo reconocerlo y declararlo. Ante la delgada línea entre conflicto de interés real, aparente y potencial y un acto corrupto, es irreal pensar que un gobierno sea capaz de eliminar cualquier tipo de conflicto de intereses en sus miembros. Ante soluciones inviables, bien valdría la pena poner el acento en sistemas de información que nos ayuden a cruzar de manera eficaz los datos de las declaraciones de impuestos, situación patrimonial y de intereses, y en códigos de ética que sean funcionales.

 

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