La construcción y operación del aeropuerto Santa Lucía, a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), no abonará a la transparencia en el proceso. Por el contrario, es posible que se integren esquemas de triangulación de servicios similares a los que se denunciaron en la investigación periodística La Estafa Maestra, considera especialista en la materia.

Para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos, se requiere una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos.

Por tratarse de una institución del Estado, la Sedena no requiere una concesión, toda vez que esta figura es un privilegio que se le otorga a un particular para desarrollar una actividad que le corresponde al gobierno.

“Ahora se va a transferir a la Sedena para que lleve a cabo la planeación y el diseño y luego en su momento ponga operación en su aeropuerto, pero hay un desajuste con el marco legal porque el sujeto que está concesionado, porque el aeropuerto de Santa Lucia sería un aeropuerto complementario al de la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, detalló Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la UNAM y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.

Secretaría de la Defensa administrará aeropuerto de Santa Lucía: AMLO

En ese sentido la Ley establece que la SCT podrá otorgar concesiones sin sujetarse a licitación pública en el caso de que los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con el objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto.

“Tomando en cuenta la excepción que establece la Ley de Aeropuertos y además en el caso de Sedena, ya no tienes que licitar porque se trata de otro ente gubernamental y le asignas los contratos, por ejemplo, lo que ocurrió en la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco que estaba asignado al ejército, pero nunca vimos a militares en su labor de albañiles, lo que hice Sedena fue asignar a un tercero los contratos”, afirmó el especialista.

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Este esquema es similar a la triangulación de servicios en el que el gobierno no asigna de manera directa los contratos a empresas, sino que primero se las otorga a un ente público y este lo otorga a otra empresa.

Aunque el especialista no afirmó que se generen espacios para la corrupción, si señaló que estos esquemas no abonan a la transparencia en los procesos de construcción.

En diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Ejército sería el encargado de construir el nuevo aeropuerto y recientemente afirmó que también se encargaría de su operación y los beneficios que éste genere.

Los aeropuertos en territorio mexicano operan bajo dos esquemas: a través de entes totalmente privados, gracias a concesiones que otorga la SCT y organismos descentralizados como el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

El encargado de operar y administrar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que iba a sustituir las operaciones del NAIM, sería también el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, toda vez que la Ley establece que es necesario reubicar al concesionario y no sustituirlo.

 

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