Los empleados del Centro de Distribución-Coca-Cola Femsa de Ciudad Altamirano, al sur del estado de Guerrero, fueron blanco de agresiones y amenazas por parte del crimen organizado durante dos meses, además de que las instalaciones de la empresa registraron afectadas.

El resultado: después de cuatro décadas en la plaza, el 23 de marzo de este año la embotelladora anunció el cierre de sus operaciones por tiempo indefinido.

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Pero la embotelladora -la más grande del mundo por volumen- no es la única que se ha replegado en esta población ubicada en Tierra Caliente, una zona que se extiende a territorio michoacano y que es azotada por la delincuencia.

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Negocios de todos giros y tamaños han corrido con la misma suerte, como la desarrolladora de vivienda Planvivienda, que hace cuatro años frenó en la zona sus proyectos inmobiliarios de interés social, porque el gobierno federal había advertido a sus dueños y a un grupo de empresarios, que su vida corría peligro y que no podía darles garantías.

Empresarios de la región han propuesto e implementado por sí mismos medidas que buscan contrarrestar el problema, desde contratar seguridad armada y respaldar con dinero al gobierno para que se haga de la infraestructura y capital humano en materia de seguridad, hasta denunciar la infiltración de la delincuencia en las policías municipales.

El cobro de derecho de piso es uno de los problemas que azota a los negocios en Tierra Caliente, los cuales se ven obligados a pagar a diferentes grupos de delincuentes y al mismo tiempo, cantidades que van de los 5,000 a los 50,000 pesos mensuales, dependiendo del giro o el poder adquisitivo de la víctima.

“Los empresarios se sienten abandonados, que viven en un lugar donde no hay autoridad, donde lo único que prevalece es la autoridad de un cartel”, denuncia Jaime Badillo Escamilla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco.

Debido al peligro en la zona, el consejo de cámaras industriales y empresariales de Guerrero (Concaingro), con presencia en todas las regiones del estado, está fuera de Tierra Caliente. Sencillamente, nadie quiere ser representante del sector productivo (en esa zona), además de que los hombres de negocio de abolengo ya se fueron, explica Julián Urióstegui Carbajal, presidente del organismo. “Creo que la decisión de Coca-Cola Femsa fue un llamado de atención para los tres niveles de gobierno, para que le presten atención a la zona”, añade el directivo.

Entre febrero y marzo, la embotelladora sufrió detenciones y quema de camiones, así como el secuestro de operadores y balazos en sus instalaciones, además de que pedían una cuota fija para dejarlos operar, narra Badillo, quien tuvo una reunión exprés con la embotelladora para tratar el tema. La policía federal “entró” y el problema se solucionó, pero sólo de manera momentánea, agrega.

Forbes México solicitó una entrevista para hablar del asunto. A través de un comunicado, la empresa ofreció datos de la pérdida económica (30 millones de pesos mensuales) y de empleos (160 trabajadores fueron desincorporados) pero prefirió no pronunciarse sobre más detalles.

https://www.forbes.com.mx/coca-cola-femsa-pierde-30-mdp-al-mes-por-cierre-en-ciudad-de-guerrero/

 

A punta de pistola

Las acciones del crimen son tan frecuentes, que el sector patronal ya sabe de memoria que el extorsionador busca presas que se inhiben rápidamente. Pero cuando la delincuencia ve que hay coordinación con las autoridades, en 80% de las veces deja a la víctima, aunque en algunos casos hay represalias, como ha ocurrido en Acapulco, donde han balaceado las fachadas de comercios, indica el Concaingro.

La violencia y las extorsiones también ocurren en Acapulco o en el Corredor de Oro, como se conoce a la zona norte del estado en la que operan empresas mineras, asegura Urióstegui Carbajal. “En Guerrero tenemos retos (por la inseguridad) significativos”, señala David Garofalo, CEO de la minera canadiense Goldcorp, la cual es accionista de LeaGold, la operadora de la mina Los Filos.

Urióstegui propone para Tierra Caliente medidas como las ejecutadas en Acapulco: meses antes de que comenzara el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores, el sector patronal de Guerrero, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), propusieron a las autoridades recién electas la creación de la Unidad Antisecuestro y Extorsión Guerrero para atender el flagelo en Acapulco, y así se hizo; la unidad fue presentada el 28 de octubre de 2015.

Para ello, el Concaingro puso sobre la mesa cerca de 1.5 millones de pesos en especie: un edificio en comodato y con los gastos de electricidad, luz, agua, teléfono y computadoras cubiertos. Se estipuló que las instalaciones contarían con una línea de denuncia directa y anónima, así como con la presencia de miembros de las policías federal y estatal, el ejército y la marina, al igual que personal de apoyo legal y psicológico.

Pensadas como algo provisional, las instalaciones operaron año y medio, hasta el año pasado, en tanto se construía la sede de la Fiscalía antisecuestro y extorsión, ya hoy en funcionamiento, pero cuya inauguración está prevista para mayo o junio.

A alta temperatura

En tanto, Tierra Caliente sigue hundida en la violencia. “Es una zona muy complicada, porosa, difícil, en donde hay incluso batallones del Ejército (en Altamirano y Arcelia) pero eso no ha inhibido a la actividad delincuencial”, enfatiza Urióstegui.

Una de las causas es que las policías municipales están coludidas con los criminales, además de que los alcaldes han hecho caso omiso a las demandas del sector patronal. Hace unos tres años, cuando recién iniciaron su periodo los gobiernos locales, se acercaron a ellos para pedirles que renovaran a sus policías, pero hicieron caso omiso. Se dice y se comenta al interior del sector que [la policía municipal] pudiere ser un brazo armado del crimen organizado”, explica Badillo, de la Coparmex. Ahonda en que todos los elementos deberían estar certificados por la CNS para realizar sus funciones.

Ante esto, negocios de diversos tamaños, desde pastelerías hasta hoteles tienen que contratar seguridad privada con armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el Concaingro planteará a los candidatos a presidente municipal, que contendrán en la elección del 1 y 15 de julio próximos, la necesidad de certificar a los policías.

Mientras esto no ocurra, Tierra Caliente seguirá asediada por la delincuencia y las empresas seguirán bajando la cortina.

“Los empresarios se sienten abandonados, se sienten viviendo en un lugar donde lo único que prevalece es la autoridad de un cartel” -Jaime Badillo Escamilla, Coparmex Acapulco

1.5 mdp La donación en especie de empresarios para que la Unidad Antisecuestro y Extorsión Guerrero operara en mejores condiciones.

Delitos de alto impacto

(Enero 2018, número de víctimas, promedio 12 meses atrás)

 

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