Los grupos del crimen organizado hace muchos años que dejaron de depender, primordialmente, del negocio de las drogas. Fueron expandiendo sus actividades y establecieron patrones de extorsión a la sociedad.

El propio embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau lo señaló, la semana pasada, en un simposio organizado por el Tecnológico de Monterrey. 

Para Landau hay zonas del país donde existen “gobierno paralelos”. En efecto, uno de los retos más importantes para las agencias de seguridad, y no de ahora, sino por lo menos de hace una década,  radica en enfrentar los bandidos ante una elevada densidad criminal. 

En efecto, las ramificaciones del crimen organizado dificultad su debilitamiento o desintegración, porque muchas de sus actividades están relacionadas con actividades cotidianas y negocios establecidos. 

Por ejemplo, la capacidad de reacción del cártel de Sinaloa ante la eventual detención, que resultó fallida, de Ovidio Guzmán, dan cuenta de estructuras vigilantes y con cobertura social.  

 Quizá por ello, el embajador Landau dijo que “si lo ocurrido en Sinaloa no nos hace despertar, ¿qué es lo que vamos a esperar que pase?”

Cada vez son más las señales que manda el gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de elevar los niveles de cooperación para combatir al narcotráfico. 

En este aspecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante reacio y en contraste a los niveles de acuerdo en materia migratoria que inclusive son inéditos. 

El problema es complejo, porque de su conducción depende una parte importante de la relación entre ambos países. Acaso por ello, la Fiscalía General de la República (FGR), anunció la participación del FBI en las indagatorias sobre el ataque criminal que recibieron integrantes de la familia LeBarón, en Sonora, con un saldo de nueve muertos, siete niños y dos mujeres. 

Para nada es la primera vez que hay participación de las agencias, pero el caso de los LeBarón es explosivo, porque los fallecidos eran ciudadanos de EU y porque el caso consternó a la sociedad, entre otras cosas porque quedó al desnudo la orfandad en la que se encuentran quienes viven en lugares alejados de las ciudades y en los que la presencia policiaca, si la hay, es bastante simbólica.

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En 1999 se realizó un amplio operativo de la PGR, con el propósito de buscar fosas clandestinas,  atribuidas el cártel de Amado Carrillo, en el que participaron 175 integrantes de la Unidad contra el Crimen Organizado y 76 agentes del FBI. Un trabajo importante se realizó en El Paso, Texas, donde se procesó información y se hicieron tareas de gabinete. 

Con ello se lograron esclarecer diversas indagatorias sobre desapariciones ocurridas entre 1994 y 1996 y entre ellas las de dos informantes del propio FBI, asesinados porque los narcotraficantes descubrieron su verdadera identidad.

Habrá que ver cómo funciona esta vez la cooperación, aunque hay que tener en cuenta que los agentes de EU trabajan en un margen estrecho, con poca información local y sin armamento.   

Algo es seguro, la presencia del FBI puede ayudar a despejar dudas ya ayudar  en una narrativa que desmonte la idea de que no existe capacidad del estado mexicano para enfrentar a los criminales. 

El reto, sin embargo, es que las cosas funcionen y, sobre todo, que Los LeBarón encuentren justicia en un escenario donde la impunidad es del 95 por ciento.

 

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Twitter: @jandradej

 

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