La abdicación del rey Juan Carlos a la corona española abre la oportunidad al príncipe Felipe de llevar el cetro con responsabilidad y austeridad republicana.

 

 

La clasificación de los gobiernos en monarquías y repúblicas en épocas pasadas fue de gran importancia; sin embargo, hoy su distinción ha perdido valor debido a que la monarquía se ha ido transformando y transitando, en todo caso, a regímenes republicanos, reflejo del proceso democratizador del poder en el mundo.

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La abdicación del rey Juan Carlos en España, para dar paso a su sucesor Felipe VI, su hijo, recuerda el día de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, y ayer como hoy, ambos reyes abdicaron para delegar el poder a una generación más joven. No se trata de una nueva etapa, sino de un cambio de estafeta, quizás un nuevo liderazgo, pero las funciones son las mismas.

Al llegar don Juan Carlos de Borbón al poder se regía bajo las Leyes Fundamentales del régimen anterior, que incluían la posibilidad de su modificación. De esta manera se permitió que se estableciera un nuevo sistema democrático sin problemas, y en 1976 se aprobó la Ley para la Reforma Política, con lo que inició el proceso que culminaría en la Constitución de 1978. En esta Constitución se observa a la monarquía en su modalidad parlamentaria como una forma de Estado más que como forma de gobierno, con el reconocimiento pleno a las Comunidades Autónomas, que son mencionadas por primera vez en el artículo 2º constitucional.

Con esta abdicación no se marca, por lo tanto, un hito como en 1978, en que la Constitución limitaría los poderes omnímodos de la monarquía; ésta es la trascendencia del rey Juan Carlos: avanzar hacia una monarquía constitucional o parlamentaria.

En el modelo español, el rey es el jefe de Estado y es el que asume la representación más alta del Estado español. La figura del rey es inviolable y es hereditaria (art. 56 de la Constitución de España); tiene como facultades el poder sancionar y promulgar leyes, proponer al candidato a presidente de gobierno, así como nombrarlo o ponerle fin a sus funciones (art. 62). También puede nombrar y revocar el puesto a miembros del gobierno a propuesta de su presidente, disolver y convocar a las Cortes Generales, y al rey se le debe informar acerca de los asuntos de Estado.

Pese a esta posibilidad del ejercicio del poder, el artículo 64 constitucional dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Esto significa que el rey no es la principal figura del Estado español; esto, en razón de que en la Segunda República se experimentó el parlamentarismo democrático sin manipulación del cuerpo electoral. Tras esto se vivió una experiencia negativa que dejó como conclusión que el rey no podía participar en el proceso político, y de esta forma quedaría fuera de los poderes de Estado y sus relaciones. El régimen parlamentario se preside entonces bajo la no intervención monárquica y la estabilidad gubernamental, lo que conlleva a la separación del rey y el gobierno.

De ahí que tras esta abdicación no se hayan visto manifestaciones abrumadoras en contra de la monarquía en España, pues el pueblo impone límites al gobierno y a la monarquía. Como diría Adolphe Thiers: “El rey reina, pero no gobierna.”

En tal caso, el proceso de cambio en la forma de gobierno, siendo que obedece a un tipo de Constitución rígida, implicaría la reforma de la monarquía hacia la república bajo las dos terceras partes de Congreso; aprobada ésta, la disolución de este Congreso y la aprobación de la reforma bajo uno nuevo que hiciera fehaciente el poder constituyente, y luego, aprobada esta reforma, entonces sí pasaría al referéndum que se invoca para transitar de una forma de gobierno a otra.

La abdicación del rey Juan Carlos abre la oportunidad al príncipe Felipe de llevar el cetro con responsabilidad y austeridad republicana.

 

 

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