Un informe del Think Tank México Evalúa arroja que en el periodo de 2013 a 2017, el gasto ejercido del gobierno federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos.

Esto significa que, en promedio, en cada uno de esos años se gastaron alrededor de 293,0000 millones de pesos más de lo aprobado.

El exceso de gasto ocurre en gran parte a través del Ramo 23, una estructura presupuestal que no está regulado en la ley.

“Sus funciones son administrar algunos fondos, como el Fonden, el Fondo de ingresos excedentes por tributación, pero además se auto generó una misión federalista que nunca se instituyó. Se permitió crear tres tipos de fondos a través de los cuales se asignan recursos de manera discrecional sin permiso del Congreso”, explicó Mariana Campos, coordinadora del área de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa.

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Las tres figuras son el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), los Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

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Entre 2009 y 2012 el total ejercido bajo estos programas fue de 56,922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 fue de 318,465 millones de pesos, lo que equivale a 30% del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017, esto incluye el alza de impuestos de ISR, IVA y gasolinas, por ejemplo.

“No hay una acción ilegal, pero las leyes permiten que los recursos fondeen programas poco efectivos u obras públicas donde hay corrupción”, advirtió la politóloga Denise Dresser durante la presentación del informe.

El documento arroja que en el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora se ha observado una mayor canalización de recursos según la afinidad política entre los gobiernos federal y local.

“Los programas que se contemplan en este Ramo deben ser cuestionados por los contribuyentes, pues los provienen de la recaudación de impuestos”, señaló Aristóteles Núñez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria.

La finalidad del documento de México Evalúa es hacer un llamado a revisar el diseño y facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar recursos y vigilar el ejercicio el gasto, procurando una distribución de facultades orientada a un mejor balance de pesos y contrapesos.

 

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