Samuel García, el gobernador con licencia en Nuevo León, ha ganado los reflectores en la recién iniciada precampaña por la Presidencia de la República que arrancó el pasado 20 de noviembre. En apenas unos días, García provocó un debate jurídico sobre la legalidad de sus pretensiones, la última, regresar sin haber utilizado su licencia como gobernador sin que sea necesario para ello un acuerdo del Poder Legislativo del estado.
En la contienda por el 2024, este capítulo vale la pena analizarse tanto por su relevancia para la gobernabilidad de Nuevo León como por el antecedente que deja para la competencia política nacional.
En pocos días hemos tenido una cascada de resoluciones judiciales en un estira y afloja en el que han intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de Nuevo León, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e, incluso, un juez de Reynosa y otro más de la CDMX. Con una rapidez inusual, estas instancias se han pronunciado con distintas resoluciones que, al final, han parado la aspiración presidencial del precandidato de Movimiento Ciudadano.
El punto de partida de esta historia es el artículo 82 de la Constitución Política que establece los requisitos para ser Presidente de la República. En particular, el que se refiere a la obligación de separarse del cargo seis meses antes del día de la jornada electoral, para quienes son titulares del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Considerando que la jornada electoral se realizará el domingo 2 de junio del próximo año, el pasado 2 de diciembre se cumplió este plazo.
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El 25 de octubre, el Congreso de Nuevo León aprobó licencia de seis meses para García, lo que despertó la pugna política sobre quién debería ser el gobernador interino. Con argumentos legales, tanto el mandatario como el Legislativo estatal con mayoría opositora aseguraban tener la razón sobre sus preferidos. Mientras que García, nombró como encargado de despacho al secretario de Gobierno, Javier Navarro, el Poder Legislativo tomó protesta a Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como mandatario interino. Tanto el Congreso estatal como García presentaron controversias constitucionales, además de recurrir este último también al TEPJF.
El Congreso tuvo que recular ante la resolución del TEPJF del 15 de noviembre por la que ordenó revocar la designación de Salinas Garza y que el Congreso de Nuevo León realizara el nombramiento de gobernador interino conforme a la Constitución del estado.
Posteriormente, el Legislativo estatal eligió como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, ex vicefiscal del Estado, mientras que el TEPJF desechó la aclaración solicitada por García sobre el alcance de su resolución anterior en la que hablaba de generar los “consensos necesarios” para nombrar al interino.
Finalmente, en la madrugada del 2 de diciembre Samuel anunció que no haría uso de la licencia y regresaba a su cargo como gobernador constitucional del estado. Con ello, García se despide de su aspiración presidencial hacia 2024, aunque la batalla legal promete prolongarse ahora que el PRI y PAN han logrado hacerse del gobierno del estado, hasta el 2 de junio de 2024, fecha de término de la licencia solicitada por García.
Aunque parece que la normalidad política regresa a Nuevo León, esta crónica protagonizada por su gobernador constitucional podría servir de prólogo ante la continuidad del proyecto de López Obrador después de 2024, en la que la oposición a Morena intente neutralizar a sus contrincantes con el argumento de legalidad en la mano, sin que ello implique que vivimos en un país de leyes y de justicia para todos los mexicanos.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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