Por María Guadalupe Sandoval Meza

De acuerdo con cifras de Transparencia Internacional, la corrupción le cuesta al país cerca de 347,000 millones de pesos anuales. En los albores de este año, dicha organización dio a conocer que México bajó 28 lugares para ubicarse en el sitio 123 –de 176 países analizados-, en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público.

En julio pasado, INEGI informó en su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) que en 64.6% de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; 39.4% señala que se generan para evitar multas o sanciones y 30.7% para la obtención de licencias o permisos.

 

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Cumplir la ley es buen negocio

Frédéric Garcia, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), señaló en entrevista para Forbes que sus miembros están sujetos a una serie de condiciones de operaciones, como mejores prácticas, incluyendo cuestiones éticas, procedimientos y normas que deben cumplir en todos los países en los que operan. A esto se lo conoce como compliance.

Las empresas dedicamos muchos esfuerzos y recursos para cumplir con estos requisitos que cada vez son más estrictos. Cumplir con las prácticas de compliance se ha convertido en el paradigma que distingue a una empresa de otra y que puede determinar su éxito en el futuro. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de la ley es claramente un buen negocio”, afirmó.

Asimismo, indicó que es de vital importancia lograr que dichas prácticas sean adoptadas por sus proveedores (PyMES) nacionales de insumos -es decir de bienes y servicios-, de lo contrario, pueden constituir un obstáculo para integrarse a las cadenas de valor globales.

“Con la finalidad de fomentar el cumplimiento con la ley, es importante que el gobierno facilite y reduzca los costos reglamentarios. En la Visión 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial del CEEG, que presentamos al presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2016, incluimos una propuesta para establecer mecanismos de certificación responsable. Mediante esta certificación, las empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales, o de ética, por ejemplo, podrían recibir algunos beneficios, tales como deducciones fiscales o acceso preferencial a programas de apoyo de gobierno”, detalló Garcia.

 

¿Cómo han ayudado hasta ahora las reformas estructurales?

Desde el punto de vista empresarial, la aprobación de las reformas estructurales ha favorecido el desarrollo de México, pues están incentivando la inversión y eso contribuye a elevar la competitividad.

La reforma a las telecomunicaciones ha logrado resultados concretos, como la eliminación del cobro de larga distancia nacional y la reducción de precios en la telefonía móvil y fija; la creación de una subprocuraduría del consumidor especializada en telecomunicaciones; y la licitación de una nueva cadena de televisión abierta.

La reforma energética ha abierto el sector del petróleo y el gas a la inversión, de modo que, la eficiencia productiva y la entrada de nuevos competidores poco a poco incidirán en la oferta de energéticos a costos más competitivos.

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“La adecuada instrumentación de las reformas es un reto inmenso. Se requiere de un gran compromiso por parte del gobierno, de una inversión sin precedentes en capital humano, de un desarrollo institucional, de un inquebrantable compromiso con la transparencia y un firme rechazo a la corrupción”, aseveró el director del CEEG, organismo conformado por cerca de 50 empresas multinacionales con presencia en México y que representa 11% de las exportaciones del país, 40% de la inversión extranjera directa, 500 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos.

 

Las claves para alcanzar un crecimiento equitativo por la vía formal

En su opinión, el estado de derecho es una herramienta indispensable para  alcanzar el crecimiento económico sostenido y equitativo, incentivar la inversión, combatir la informalidad, la inseguridad y el crimen organizado y alcanzar la sustentabilidad.

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“Fortalecer el cumplimiento de la ley debe ser visto como un factor diferenciador del país respecto al resto del mundo en el marco de la gran inestabilidad internacional. En el CEEG estamos convencidos de que la estabilidad jurídica puede convertirse en una ventaja competitiva de México. Para ello, el gobierno debe realizar un esfuerzo decidido para fortalecer el Estado de derecho. De igual forma, es importante que las empresas, los ciudadanos y la sociedad en general nos unamos a este esfuerzo. La mejor forma de hacerlo es promoviendo una cultura de la legalidad en todos los ámbitos. Una empresa que respeta y promueve la legalidad con reglas y normas organizacionales claras, tiene empleados que se sienten más seguros de su situación laboral, más orgullosos y más comprometidos”, finalizó.

Este y otros temas estaremos tratando en el Foro Forbes el próximo 18 de septiembre. Síguelo a partir de las 9:00 am a través de www.forbes.com.mx

 

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