El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, anunció la intención de promover una reforma constitucional para modificar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal, con la intención de hacer más eficiente la administración del Poder Judicial e incorporar una nueva sala que trataría sobre temas de corrupción. Dicho anuncio se realizó el mismo día en que el presidente de la República se reunía con el presidente de la Corte, para tratar temas de corrupción y eficiencia en el Poder Judicial.

Si bien las prácticas de corrupción, nepotismo, excesos, etc., dentro del Poder Judicial han sido ampliamente documentadas, la intención no parece ser la de resolver las problemáticas del mismo, sino de agravarlas, en un contexto donde se pueda ejercer control a partir de los cambios propuestos.

La fórmula se ha ensayado históricamente con respecto al Poder Judicial en México, pues en épocas anteriores se buscó incrementar la cantidad de ministros, como un mecanismo no únicamente de control, al hacer menos manejable la variedad de ministros que integraron históricamente a la Corte; sino también debilitar su estructura interna y capacidad de decisión al ampliar salas y estructuras administrativas, generando debilidad en términos de la toma de decisiones y la fuerza política y jurídica de las mismas.

Es por ello que una ampliación del número de ministros que integran a la Corte no únicamente permitiría designar a personalidades que, como en el caso reciente de la Comisión Reguladora de Energía, puedan cumplir un papel de sumisión, sino que también permitiría al presidente o a Morena, tener una mayoría a su favor.

Cuando se plantea una sala especializada en temas de corrupción, no se advierte que la función de la Corte es distinta de aquella del tribunal administrativo, donde ahora se integran las salas cuestionadas por el senador Monreal, si bien tiene razón en que no se requieren tantas salas para atender estas problemáticas, eso se resolvería limitando su número a una sola que pudiera conocer sobre dichos asuntos. Si bien una de las funciones de la Corte es revisar la legalidad de los procesos judiciales, atender casos de corrupción que, en la forma, son delitos que pasan por lo penal, civil, administrativo, etc., generaría en el trabajo de la Corte una disfuncionalidad que impactaría su legitimidad.

En el caso de la Judicatura, el asunto se hace más complicado pues es quien administra las funciones del Poder Judicial. Al tener que ser reemplazado por algún otro órgano o si sus funciones son regresadas a la Suprema Corte, entonces estaríamos retrocediendo en la forma en que se ha concebido un mecanismo moderno de administración de justicia.

Es muy probable que la reforma propuesta no prospere en el corto plazo, por sus costos políticos, pero si podrá tener un impacto en la forma en que los ministros actuales asumen su relación con el presidente y Morena. Habrá que ver en las votaciones próximas, la forma en que los ministros cambien o mantengan sus perfiles y posiciones con respecto a temas controvertidos que son relevantes para el presidente.

Lo cierto es que el sólo amago de cambio impacta en el humor de la estructura judicial, lo cual es bueno, en el contexto de las problemáticas internas que lo aquejan. Pero no es tan bueno, en el sentido de que puede ser la base que asegure el control del presidente o, por lo menos, mayor capacidad de influencia, sobre las decisiones relevantes de la Corte, como el mismo presidente lo confesó cuando informó sobre su cabildeo, por no decir presión, sobre los ministros de la Corte en un caso reciente.

 

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