Una de las tantas imágenes de la toma de protesta de López Obrador como Presidente de México, el 1 de diciembre de 2018, fue la presencia de una veintena de mandatarios de orientaciones políticas opuestas, desde Nicolás Maduro hasta Iván Duque, con lo que la nueva administración enviaba un mensaje de respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

Lo que ha transcurrido en el primer año de gobierno es un agitado recuento de obstáculos para que México salga airoso bajo las premisas del mandatario mexicano reiteradas desde campaña: una política exterior no protagónica además del respeto irrestricto al principio constitucional de no intervención. Sin embargo, a pesar de la intención del Presidente de regresar a la tradición en política exterior recogida en el artículo 89 de la Constitución Política, las condiciones y presiones externas han hecho que la agenda internacional adquiera un papel inusitadamente preponderante en varias de las decisiones presidenciales.

Uno de los momentos estelares con las que se estrenó la política exterior del gobierno de López Obrador sucedió a principios de 2019, con la decisión de no reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, como si lo hicieron casi todos los países del continente, incluyendo al Grupo de Lima y Estados Unidos, así como la OEA o el BID, además de algunos países europeos. En claro contraste, México junto con Uruguay se posicionaron a favor del diálogo entre las partes.

Lugar especial amerita hablar de la relación bilateral con Estados Unidos, o para decirlo mejor, con Donald Trump, cuya relación ha tenido efectos potenciales y reales en el proyecto de la 4 T. Uno de los primeros retos fue la embestida de presidente estadounidense contra México en mayo pasado, con la amenaza de imponer del 5 al 25 por ciento de aranceles a los productos mexicanos, si a cambio no se controlaba el flujo migratorio de centroamericanos. Lo que siguió a esta amenaza lo conocemos bien: el polémico viraje en la política del gobierno mexicano hacia los migrantes en la frontera sur que ha desatado una situación de crisis en los centros de detención.  

En este año también hemos visto que la Doctrina Estrada ha tenido una lectura al parecer flexible. Un ejemplo de ello es el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que representa una apuesta para poner en práctica nuevas fórmulas para hacerse cargo de los flujos migratorios, cuya solución se busca en el desarrollo económico de los lugares del origen. La forma de materializar este cambio de paradigma ante la migración, como lo calificó en su momento la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, es a través del financiamiento por parte de diversos países y agencias internacionales.

La decisión que ha puesto a México en una posición de liderazgo en América Latina es dar asilo a Evo Morales. No obstante que tal decisión, como lo explicó el Canciller Marcelo Ebrard, es congruente con la tradición de México de dar asilo y se apega a la Doctrina Estrada, el recibir al líder boliviariano ineludiblemente pone al presidente mexicano como una figura de referencia entre los gobiernos de izquierda de la región. 

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Justo en el marco de la celebración del primer año de gobierno, hace unos días se señaló otra vez la posibilidad de que Estados Unidos pueda declarar terroristas a los carteles mexicanos, esta vez a raíz de los ataques a la familia LeBaron. La posibilidad de intervención podría ser solo una expresión perniciosa de Trump al compás de sus afanes de reelección, pero por el momento supone un reto adicional a la vertiginosa gestión del presidente López Obrador y a su ambicioso proyecto de la 4T. 

 

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