La cifra más reciente dada a conocer por el gobierno es el fallecimiento de 22 personas desde el inicio de las protestas en Chile, cinco de ellos presuntamente a manos de policías o militares. En Colombia el presidente Iván Duque ordenó a policías y militares recobrar el orden de la capital, cuya presencia persiste en las calles, pese a que ha concluido el toque de queda. Y en Bolivia sabemos del deceso de al menos 30 personas desde el inicio de las protestas, 26 de ellas a partir de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia. 

En los tres ejemplos, la movilización de la fuerzas militares y policiales para proteger el orden y la institucionalidad está siendo la respuesta de algunos gobiernos latinoamericanos a las crisis políticas, en una suerte de salida rápida y peligrosa, cuyos impactos en nuestras frágiles democracias apenas empezamos a dimensionar. A ello hay que sumarle la legitimidad social que gozan las fuerzas armadas: éstas representan la segunda institución en la que la gente más confianza tiene después de la iglesia, muy por encima del poder judicial o el congreso.

La ecuación parece simple: la suma de protestas públicas más apoyo militar parecería suficiente para derrocar un gobierno. La realidad es que en esta trama otros factores entran a juego. En Venezuela, por ejemplo, los líderes opositores a Nicolás Maduro acusados de intentar un golpe de Estado hace algunos meses, no contaron con el apoyo de militares de alto rango, a diferencia de Bolivia donde la mera “sugerencia” del Jefe de las Fuerzas Armadas representó por si misma una amenaza creíble del uso de la fuerza. Además del papel estratégico de los militares, en Bolivia un actor externo como la OEA ha tenido un controvertido papel.

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El que el control del orden constitucional no hubiera pasado a manos de las fuerzas militares en Bolivia, sino en manos de una fuerza política representada en el Congreso, es tomado como evidencia por quienes siguen sosteniendo que lo que vimos no fue un golpe de Estado. Sin embargo, este dato revela más bien una situación que hace más compleja la crisis política en ese y otros países latinoamericanos: una suerte de cohabitación entre gobiernos democráticamente instituidos y las fuerzas armadas con las que se está dispuesto a compartir el poder. En Centroamérica, por ejemplo, las fuerzas militares siguen siendo un factor de poder detrás de los gobiernos en turno. Lejos de ser anecdótica la carrera militar del presidente Jair Bolsonaro, y de que su pasado en la milicia le ganó la simpatía de los votantes, recientemente el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para otorgar protección judicial a los militares y policías en actividades de seguridad pública. En Bolivia vemos lastimosamente un gobierno cuya legitimidad no emana del mandato popular sino de la fuerza militar, ante lo cual se mira lejano que en el gobierno que eventualmente emane de las nuevas elecciones, los militares suelten su creciente poder. 

El papel de las fuerzas armadas en democracia reviste una importancia toral, ante el uso de éstas por parte de los gobernantes en otros ámbitos como el de la seguridad interna. Y aunque la participación militar en diversos ámbitos de la vida pública no sigue una pauta única entre las naciones latinoamericanos, son inquietantes las señales que de ello dan países como Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, e incluso México. 

Los episodios de inestabilidad política que se viven a lo largo del continente obligan a cuestionar hacia dónde va el protagonismo de las fuerzas armadas, y su sintonía con la resolución de los conflictos sociales y políticos por las vías democráticas.

 

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